El gobierno de Estados Unidos suspendió este miércoles todas sus actividades en Michoacán por razones de seguridad, lo que dejó paralizada de inmediato la exportación de aguacate mexicano al mercado norteamericano. La Embajada estadounidense confirmó la medida pero no reveló la naturaleza de la amenaza recibida contra intereses de la Unión Americana en el estado.
La alerta afecta directamente al Departamento de Agricultura de EEUU (USDA), cuyos oficiales regulatorios son indispensables para validar el cumplimiento de los protocolos de exportación en los empaques autorizados. Sin su presencia física, no hay aguacate michoacano que pueda cruzar la frontera.
Michoacán ya cargaba con la clasificación «Nivel 4: No viajar», la más alta del sistema de alertas de viaje estadounidense, por la presencia de organizaciones criminales y la violencia endémica en la entidad que gobierna el morenista Alfredo Ramírez Bedolla.
No es la primera vez. En febrero de 2022, bajo el gobierno de López Obrador, un inspector del USDA recibió una amenaza en su celular oficial mientras realizaba inspecciones en Uruapan. La suspensión duró ocho días. En junio de 2024, dos inspectores fueron retenidos durante un bloqueo en la comunidad de Aranza, municipio de Paracho. Esa vez el paro se extendió varias semanas. Ahora es la tercera ocasión en menos de cuatro años.
La Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México (APEM) informó que solo pudo procesar la fruta recibida el 4 de agosto, siempre que hubiera sido inspeccionada antes del cierre. Su consejero directivo y director general viajaron a la Ciudad de México para reunirse con autoridades federales en busca de soluciones.
Michoacán es la única entidad de México autorizada para exportar aguacate a Estados Unidos. La batalla de los cárteles por el territorio y la extorsión sistemática a los productores han convertido esa exclusividad en una vulnerabilidad estructural. Otros países productores, mientras tanto, buscan abrirse paso en ese mercado.
El relato se cayó solo. Tres suspensiones en tres años no son una mala racha: son el certificado de fracaso de una estrategia de seguridad que nunca existió. El gobierno federal no puede garantizar la integridad de inspectores extranjeros en una de las zonas económicamente más estratégicas del país. El costo lo pagan los productores, los empacadores y los trabajadores del campo, no los funcionarios que viajan a la capital a «buscar soluciones».
Lo que está en juego es simple: libre empresa bloqueada por el crimen organizado con la complicidad pasiva del aparato estatal. Cada vez que Washington aprieta el botón, México demuestra que su soberanía económica depende de que los cárteles decidan no amenazar a nadie esa semana. Eso no es un problema de relaciones bilaterales. Es un problema de Estado.
