El caso de los diez de Sinaloa no para de crecer. Según el columnista Macario Schettino en El Financiero, el origen del asunto está en una operación del FBI en México que no fue avisada al gobierno federal. Se trató de la extracción de El Mayo Zambada. En esa reunión murió Héctor Melesio Cuén. El encuentro habría sido convocado, según versiones citadas por Schettino, por Rubén Rocha Moya.
Hay más detalles que complican el cuadro. El avión usado en esa extracción se exhibe hoy como pieza de museo, identificado como el utilizado por el FBI. El piloto de esa aeronave estuvo detenido en México tras el operativo. Luego fue entregado a Estados Unidos. Hoy es testigo cooperante.
Sobre Rocha Moya, la versión oficial dice que no hay pruebas en su contra. Pero la investigación quedó reservada durante cinco años. Que no te lo cuenten como transparencia.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya puso cifras sobre la mesa. Su investigación sobre contrabando de combustible —el llamado «huachicol fiscal»— señala que parte de esos recursos financió elecciones. Los partidos receptores y sus candidatos son ahora, según Washington, «personas de interés» con vínculos a organizaciones terroristas extranjeras. Schettino calcula el costo de ese contrabando en 200 mil millones de pesos por año desde 2022. No es una cifra menor. Es el robo más grande del que se tenga registro en el análisis del columnista.
Y eso no es todo. En 2021, según Schettino, hubo intervención directa de grupos criminales a favor de Morena. En 2024, el uso de recursos públicos para la elección. Mientras tanto, el oficialismo sigue agitando el fantasma del fraude de 2006. La doble vara en su versión más descarada.
Ahora el modelo se agota. Los recursos públicos para mover voluntades en 2027 ya no alcanzan. El respaldo de grupos criminales enfrenta la presión de Washington. Y la ambición que cohesionó al movimiento ya no une: reparte. Los distintos grupos dentro de Morena pelean por su tajada sin árbitros ni contrapesos. Ellos mismos destruyeron los equilibrios. Ahora no tienen con qué contener la pelea interna.
Schettino los define como «excluyente, indisciplinado, voraz e incompetente». El diagnóstico es claro: rupturas, escasez y detenciones apuntan al derrumbe. Ni las mañaneras ni el ocultamiento de información lo van a frenar.
Contrafuego lo dice directo: esto no es una crisis de comunicación. Es la factura de gobernar con dinero robado, votos comprados y pactos con el crimen. El aparato se sostiene mientras haya caja y miedo. Las dos se están acabando al mismo tiempo. La pregunta ya no es si el modelo colapsa. La pregunta es quién paga los platos rotos cuando caiga. Históricamente, siempre lo paga el contribuyente. Esta vez no debería ser diferente, salvo que la oposición llegue con algo más que buenas intenciones a 2027.
