El Departamento de Justicia abrió una investigación de gran jurado contra Shawn Fain. Es el presidente del United Auto Workers, el sindicato automotriz más influyente de Estados Unidos. La noticia la reveló Reuters, que revisó documentos internos del sindicato.
La investigación gira en torno a dos señalamientos. Primero: que Fain usó su autoridad para beneficiar a su prometida de manera impropia. Segundo: que tomó represalias contra Rich Boyer, un alto dirigente sindical que se opuso a esas acciones. Boyer, además, es uno de los candidatos que compiten contra Fain en las elecciones sindicales previstas para este año.
El monitor federal que supervisa al sindicato —encabezado por el abogado neoyorquino Neil Barofsky— emitió un informe el mes pasado. Ese informe encontró que Fain había actuado de forma irregular. Sin embargo, el monitor pospuso cualquier acción disciplinaria. La razón: la existencia del gran jurado del DOJ.
«No publicamos los detalles de nuestros hallazgos en este momento, en deferencia a una investigación de gran jurado que el DOJ ha iniciado sobre ese asunto», escribió el asesor principal del monitor en un correo del 18 de junio, revisado por Reuters.
Fain lo niega todo. Calificó las acusaciones de «falsas» y dijo que Boyer «alimentó al monitor con alegaciones inventadas». Fue más lejos: acusó al propio monitor de tener «un rencor político» contra él, vinculado a un desacuerdo en 2024 por la postura antibelicista del sindicato respecto a Gaza. Anunció que contrató un despacho de abogados para combatir los señalamientos.
Lo que no puede borrar con declaraciones es el historial. La UAW lleva bajo supervisión federal desde 2020. Ese año firmó un acuerdo para resolver un escándalo de corrupción que involucró a más de una docena de funcionarios sindicales. Algunos se declararon culpables de malversar millones de dólares. El dinero fue a licores caros, cigarros, salidas de golf y estancias en hoteles de lujo. Dos expresidentes del sindicato terminaron en prisión.
Ahora Fain busca un segundo mandato de cuatro años al frente de la organización. La investigación abierta no impide, por ahora, su candidatura.
El patrón es difícil de ignorar. Un sindicato con historial de corrupción probada, bajo vigilancia federal, y cuyo actual líder enfrenta un gran jurado. No es una conspiración de la derecha: es el expediente. La burocracia sindical lleva décadas usando las cuotas de los trabajadores como caja chica de sus dirigentes. Cada vez que alguien lo señala, el relato oficial habla de persecución política. El relato se cayó solo la última vez. Parece que va por el mismo camino.
