El Departamento de Justicia presentó el 15 de julio su primera solicitud ante el Alien Terrorist Removal Court (ATRC). El tribunal lleva casi 30 años sin tramitar un solo caso. Nunca había recibido una petición de orden de deportación. Hasta ahora.
El objetivo es deportar a un inmigrante ilegal sin identificar, sospechoso de terrorismo. El proceso usa evidencia clasificada bajo sello. Si prospera, el ATRC dejaría de ser lo que los juristas llaman un tribunal «zombi» y se convertiría en una herramienta real del Ejecutivo.
«Este Departamento de Justicia usará cada herramienta disponible para llevar a la justicia a terroristas extranjeros y expulsarlos de Estados Unidos, incluido este tribunal establecido por el Congreso en 1996», declaró un portavoz del DOJ a Fox News Digital.
La ironía tiene nombre y cargo. El juez James Boasberg, del Distrito de Columbia, fue quien bloqueó al gobierno el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua. Él mismo señaló el camino alternativo. «El Congreso nos tiene una respuesta, ¿no? Crearon el Alien Terrorist Removal Court», dijo Boasberg en una audiencia de marzo. «Si hay una preocupación de seguridad nacional, siempre pueden acudir al ATRC. Para eso existe».
Trump tomó nota. El DOJ fue directo al tribunal que el propio juez citó.
El contexto importa. La Corte Suprema acaba de entregar al gobierno dos victorias migratorias relevantes. Confirmó la autoridad del DHS para limitar solicitudes de asilo. También avaló la cancelación del Estatus de Protección Temporal para cientos de miles de migrantes haitianos y sirios. El Ejecutivo acumula respaldo judicial mientras busca nuevas vías procesales.
El ATRC fue creado en 1996. Casi tres décadas de polvo. Ninguna administración anterior lo activó. Ahora el DOJ lo estrena precisamente con el caso que el sistema judicial progresista intentó obstruir por otra ruta.
Que no te lo cuenten. Esto no es un capricho legal. Es una respuesta calculada a una burocracia judicial que pone trabas al control migratorio. Cuando un juez cierra una puerta y señala otra, el gobierno tiene todo el derecho de cruzarla. El ATRC existe porque el Congreso lo creó. Usarlo no es un abuso; es exactamente para lo que fue diseñado.
El relato de que Trump actúa fuera de la ley se cayó solo. Lo que hay aquí es un Ejecutivo que lee los fallos, aprende y ejecuta. Eso se llama Estado de derecho. Y a ciertos sectores les incomoda más que cualquier decreto.
