Miércoles por la noche. Hotel Ritz, Santiago. El cóctel de la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio para celebrar los 250 años de independencia de Estados Unidos.
Brandon Judd, representante del presidente Donald Trump en Chile, tomó la palabra. Y no felicitó a nadie. Frente a unas 150 personas —empresarios, socios de Amcham y autoridades de gobierno— arremetió contra los ministros chilenos que se habían atrevido a cuestionar los aranceles del 12,5% impuestos por Washington a exportaciones chilenas.
Seis veces, según testigos presenciales. Seis veces Judd repitió que las negociaciones que lleva la subsecretaria Paula Estévez «se perjudican cuando otros ministros hacen declaraciones sin tener idea de lo que hablan». Luego fue más lejos. Emplazó directamente a los empresarios presentes: «Ustedes reclamen a sus autoridades para que no den declaraciones sobre la relación con Estados Unidos».
La ministra de Energía, Ximena Rincón, y la propia Estévez estaban en la sala. El canciller Francisco Pérez Mackenna había sido invitado. Decidió no asistir. Una señal de distancia, según fuentes del artículo.
El jueves, Judd redobló la apuesta ante la prensa. «No habrá acuerdo si hay personas que hablan sobre estas negociaciones sin tener nada que ver con ellas», remarcó. Optimista con el proceso, pero con condiciones.
Los ministros en cuestión no habían dicho nada descabellado. El titular de Defensa, Fernando Barros, calificó de «decepcionante» la sobretasa y señaló que generaba «dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación». El de Agricultura, Jaime Campos, la llamó «pésima noticia». La Sociedad Nacional de Agricultura estima pérdidas cercanas a los 500 millones de dólares anuales para el sector.
El argumento de Washington para aplicar la medida: que Chile no fiscaliza eficazmente productos elaborados con trabajo forzado en terceros países. Campos fue directo: «La chiva que inventaron para imponernos esta medida arancelaria casi parece chiste».
El dato que incomoda al oficialismo chileno es otro. Argentina y El Salvador —cuyos presidentes mantienen vínculos estrechos con Trump— quedaron con una tasa menor, del 10%. Chile, que apostó por esa misma cercanía ideológica, paga más.
Desde Cancillería miraban con estupor el cruce de declaraciones. La apuesta de Kast de priorizar la relación con Washington está bajo presión. Desde el propio oficialismo empiezan a surgir voces que cuestionan su eficacia.
Que no te lo cuenten. Lo que ocurrió en el Ritz no fue una anécdota diplomática. Fue un representante extranjero diciéndoles a los empresarios chilenos que controlen a sus propios ministros. En voz alta. Sin consecuencias visibles. Eso no es alianza: es subordinación.
El libre mercado exige socios que negocien de igual a igual. Un acuerdo comercial obtenido bajo presión y silencio forzado no es un logro. Es una capitulación con otro nombre. La pregunta que el gobierno de Kast debe responder no es si habrá acuerdo. Es a qué precio.
