No hubo aviso. No hubo contrato. No hubo ni un botón de «acepto los términos». Solo tu auto circulando por la autopista y una cámara de inteligencia artificial catalogando tu placa, la dirección de tu viaje, tus calcomanías y la hora exacta — todo archivado en una base de datos privada a la que la policía puede acceder sin orden judicial.
Eso es Flock y el universo de los Lectores Automáticos de Placas (ALPRs, por sus siglas en inglés). Y en Texas, la paciencia se acabó.
De antiterrorismo a vigilancia masiva
Los ALPRs nacieron en los años 2000 como herramienta antiterrorista. La promesa era simple: agilizar investigaciones sin los tiempos muertos de los procesos manuales. Hasta ahí, el argumento tenía cierta lógica. El problema es que la tecnología no se detuvo. Las cámaras pasaron de algoritmos básicos de contraste a inteligencia artificial de alta resolución capaz de cubrir cuatro o más carriles simultáneamente.
El salto en escala es brutal. Según un reporte del auditor estatal de California de 2020, el Departamento de Policía de Sacramento registraba cerca de 250,000 fotos diarias — 24 veces más que lo que una fuerza policial de Nueva York celebraba como logro al capturar 10,000 placas en un día.
Los defensores del sistema repiten que «solo capturan placas». Pero como señala David Dunmoyer, de la Texas Public Policy Foundation, el valor no está en el dato individual sino en la red: miles de cámaras conectadas construyen un mapa de movimientos tan invasivo como cualquier seguimiento físico. Y hay documentación de agentes policiales usando esa base de datos para monitorear a sus esposas, ex parejas o desconocidos.
Texas ya tiene el manual listo
Una encuesta de la Texas Public Policy Foundation indica que nueve de cada diez texanos consideran la privacidad un prerrequisito fundamental de la libertad — y eso cruza líneas partidarias. El malestar es transversal.
En la última sesión legislativa de Texas se presentaron varios proyectos de ley que habrían exigido orden judicial para usar ALPRs, establecido plazos cortos de retención de datos, prohibido compartir información con agencias federales o de otros estados sin firma de un juez texano, y obligado a publicar registros de auditoría. Ninguno llegó al escritorio del gobernador Greg Abbott. Pero el manual existe y, según Dunmoyer, la marea cambió.
La propuesta es concreta: orden judicial obligatoria, retención medida en días no en años, prohibición de transferencia interestatal sin autorización judicial y legitimación activa para que los ciudadanos puedan defender su privacidad en tribunales.
Lo que está en juego
Este no es un debate técnico sobre cámaras. Es la pregunta de fondo sobre hasta dónde llega el aparato estatal — y sus proveedores privados — sin que el ciudadano haya cedido ni un centímetro de su libertad de forma voluntaria.
Texas ya le cerró la puerta a las cámaras de semáforo porque entendió que la recaudación no es seguridad. El mismo principio aplica aquí: una cámara que sirve para encontrar un auto robado puede seguir haciéndolo con orden judicial, retención limitada y auditorías públicas. Si el proveedor dice que no, nunca fue por el auto robado.
Que no te lo cuenten.
