El fiscal general de California, Rob Bonta, enfrenta una tormenta de críticas después de modificar la redacción oficial de la Proposición 39, una medida que exigiría a los votantes presentar una identificación gubernamental en las urnas o los últimos cuatro dígitos de un número de ID al votar por correo.
El cambio no fue menor. La descripción original decía que la propuesta «establece requisitos adicionales de verificación de identidad y ciudadanía». Bonta la reemplazó por una frase que afirma que «prohíbe a los ciudadanos votar a menos que presenten identificación emitida por el gobierno». Mismo tema, encuadre opuesto: de «requisito adicional» a «prohibición». La diferencia en la cabeza del votante promedio es enorme.
Bonta defendió la maniobra en X argumentando que California permite por ley modificar los títulos y resúmenes de las boletas para «mayor claridad», y que los nueve proyectos de iniciativa ciudadana en la boleta de este año recibieron cambios. «California DOJ toma en serio su responsabilidad de proporcionar información precisa e imparcial», escribió su oficina.
La respuesta fue inmediata. Usuarios en la misma plataforma le respondieron que el cambio «no es imparcial y es probable que genere prejuicio». Brian Ralston, compositor de Los Ángeles, escribió que Bonta intenta «manipular el voto cambiando la percepción del proyecto desde su propósito original porque sabe que perdería de otro modo». Otros recordaron un antecedente incómodo: una propuesta anterior para derogar el impuesto estatal a la gasolina fue descrita por la fiscalía como una medida que «elimina ciertos fondos para reparación de carreteras y transporte». La confusión que generó aquella redacción es historia conocida en Sacramento.
Reform California, la organización detrás de la Prop 39, anunció que evalúa una demanda. Sin embargo, según la misma fuente, las posibilidades de éxito son escasas: los tribunales han respaldado históricamente la discreción del fiscal general en estos asuntos.
Aquí está el principio en juego. La identificación del votante no es una idea radical: decenas de democracias del mundo la aplican sin que nadie llame a eso «prohibición». Cuando el aparato estatal tiene el poder de redactar la pregunta que leerán millones de ciudadanos, y lo usa para enmarcar un requisito de seguridad electoral como una restricción al sufragio, no estamos ante un ejercicio de «claridad»: estamos ante la burocracia poniendo el dedo en la balanza antes de que empiece el juego.
Que Bonta lo haga amparado en la ley no lo hace menos cuestionable. Lo hace más urgente de señalar. Que no te lo cuenten.
