Más de 1,3 millones de californianos firmaron peticiones para llevar la Proposición 39 a las urnas de noviembre. Lo hicieron bajo el título oficial que el propio fiscal general Rob Bonta había redactado: «ESTABLISHES ADDITIONAL VOTER IDENTIFICATION AND CITIZENSHIP VERIFICATION REQUIREMENTS». Un enunciado directo, sin adornos.
Cuando el borrador de la guía electoral salió a consulta pública el martes, el título ya no existía. En su lugar apareció esto: «PROHIBITS CITIZENS FROM VOTING UNLESS THEY PRESENT GOVERNMENT-ISSUED IDENTIFICATION». El resumen oficial añadía que los votos por correo serían «invalidados» y el voto presencial «prohibido» sin identificación. La iniciativa no cambió ni una coma. El fiscal sí.
Carl DeMaio, asambleísta y líder de la campaña a favor de la Prop. 39, detectó el cambio y lo denunció públicamente. «Cuando Rob Bonta no creía que pudiéramos reunir las firmas, nos dio un título relativamente justo», declaró según la fuente. Una vez que los votantes forzaron la medida al balotaje, Bonta lo sustituyó por «uno sesgado y deshonesto», según las palabras del propio DeMaio.
El veterano abogado electoral Tom Hiltachk calificó la reescritura completa del título como «altamente inusual». «La extensión de los cambios indica que el fiscal general fue persuadido por los opositores al ID de votante para reescribir la descripción y obtener ventaja política, muy probablemente basándose en investigación de opinión pública extensiva», señaló Hiltachk según la fuente. El mismo abogado confirmó que la ley de California permite al fiscal emitir un título diferente tras la calificación de una iniciativa, pero exige que sea «verdadero e imparcial» y prohíbe que constituya un argumento o genere prejuicio.
La doble vara es difícil de ignorar. Cuando el gobernador Gavin Newsom y los demócratas legislativos impulsaron la Proposición 50 para que la propia Legislatura controlada por demócratas redibujara los distritos congresales, Bonta tituló la medida así: «AUTHORIZES TEMPORARY CHANGES TO CONGRESSIONAL DISTRICT MAPS IN RESPONSE TO TEXAS' PARTISAN REDISTRICTING». El argumento político central del partido, convertido en descripción oficial del Estado.
La Prop. 39 requeriría identificación oficial para votar en persona, información identificativa para el voto por correo, tarjetas de identificación gratuitas a quien las solicite y que los funcionarios electorales reporten qué porcentaje del padrón tiene verificada su ciudadanía.
Que no te lo cuenten. Un fiscal general elegido por los mismos intereses que se oponen a verificar quién vota redacta el lenguaje que millones de ciudadanos leerán antes de decidir. El aparato estatal de California no necesita ganar el debate: le basta con controlar las palabras del debate. Los 40 millones de californianos que pagan el salario de Bonta merecen saber que su «top cop» no describió una ley; escribió un spot de campaña con membrete oficial. Eso, precisamente, es lo que la Proposición 39 intenta corregir.
