El oficialismo intentará reactivar la agenda en el Senado después de dos semanas de viajes y busca acelerar un acuerdo con la oposición dialoguista para modificar la ley de salud mental. La discusión sigue abierta y, hasta ahora, el texto final no está cerrado.
Según diversos bloques, la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta, que comanda Patricia Bullrich, planeaba anunciar en los próximos días los cambios trabajados con aliados. Si eso prospera, Bullrich daría una conferencia junto a Ivanna Arrascaeta y Nadia Márquez para presentar la iniciativa.
La negociación gira en torno a varios puntos delicados. Uno de ellos es el rol de los psicólogos en una eventual internación, casi en equiparación con los psiquiatras a la hora de tomar la decisión principal. Desde dos despachos reconocieron, por lo bajo, la presión de ministerios de salud de gran parte del interior del país.
Por ahora, esa barrera no se quebró y los médicos primarían en ese tramo. También sigue bajo discusión cómo debería intervenir la pata judicial. Desde un despacho plantearon: «No pueden decidir sólo ellos. La idea es no judicializar, pero sí que sean notificados y formen parte del sistema».
El borrador que circula también incorpora aclaraciones sobre internaciones en contra de la voluntad del paciente. En uno de sus incisos, el “q”, se señala que toda persona con plena capacidad puede consentir o rechazar anticipadamente determinados tratamientos y decisiones relativas a su salud mental, además de designar a una o más personas para que expresen su consentimiento cuando no pueda hacerlo por sí misma. Esas directivas deberán ser aceptadas por el equipo interdisciplinario interviniente, salvo que impliquen riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros.
La propuesta además establece que la autoridad de aplicación fijará lineamientos para que cada jurisdicción defina la conformación de sus equipos interdisciplinarios, según la disponibilidad de recursos humanos. También prevé la intervención del médico psiquiatra mediante teleconsulta sincrónica cuando no pueda garantizarse su presencia física.
El dato que sobrevuela toda la discusión es la escasez de especialistas. Entre senadores circulan cifras que hablan de poco menos de 4.000 psiquiatras generales y 454 infantojuveniles, frente a 100.000 psicólogos matriculados.
La reforma también ampliaría derechos para familiares, representantes legales y personas de apoyo, que podrían recibir información y contenidos psicoeducativos, conocer los recursos disponibles en su territorio, acceder a orientación y apoyo para el autocuidado y ser escuchados en cada etapa significativa del proceso de atención.
Si se cierra un consenso, el plenario de comisiones dictaminará y La Libertad Avanza apunta al recinto el 22 o el 29 de este mes. Pero la pre campaña electoral y las rencillas internas en el Senado todavía pueden volver a patear el asunto.
La discusión deja en claro algo más amplio: cuando el Estado legisla sobre salud mental, no sólo redefine procedimientos médicos. También reparte poder entre burocracia, justicia y provincias, en un terreno sensible donde cualquier mala ingeniería legal termina pagándola el paciente y, otra vez, el contribuyente.
