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Opinión · Análisis

El gobierno británico alimenta la rabia en las calles mientras crecen los vigilantes enmascarados

En Inglaterra, grupos de hombres enmascarados han bloqueado puertos y frenado traslados de inmigrantes ilegales, mientras el Estado responde con una política que deja más dudas que control. La crisis ya no es solo migratoria: es de autoridad.
Imagen generada con IA
sábado 26 de septiembre de 2026

Hundreds of men in black, their faces hidden by black balaclavas, descended on the ports of southern England, según la fuente original.

El 5 de septiembre, hasta 200 hombres tomaron las rotondas de acceso al puerto de Dover, en Kent, y bloquearon durante cuatro horas la carretera hacia Londres. La acción interrumpió el principal enlace de Inglaterra con el continente europeo.

Al día siguiente, esos grupos llegaron a Southsea, cerca de la base naval de Portsmouth, después de que una embarcación de rescate británica desembarcara un «mega-dinghy» con 140 inmigrantes ilegales que habían cruzado el Canal de la Mancha desde Francia. En paralelo, manifestantes locales bloquearon los autobuses que el gobierno usa para trasladar a los inmigrantes ilegales a hoteles, mientras los hombres de negro se enfrentaban con la policía antidisturbios hasta la madrugada.

El 21 de septiembre regresaron a la costa de Hampshire y obligaron a las embarcaciones de rescate a atracar en Dover. Al día siguiente, su líder, Danny «Tommo» Thomas, y un pequeño grupo salieron al mar para interceptar dos botes con inmigrantes ilegales. «This is England!», gritó Tommo mientras cortaba un bote con un cuchillo.

El grupo se llama Patriot Platform. La fuente lo describe como una nueva generación de vigilantes ingleses. Y en el centro de todo está la misma pregunta que el gobierno británico se niega a responder con autoridad: quién manda realmente en la frontera.

La nota sostiene que los inmigrantes ilegales que cruzan desde Francia y Bélgica y piden asilo en Inglaterra son clientes de redes globales de tráfico. También afirma que el gobierno británico los recibe en lugar de devolverlos, les da asistencia social y alojamiento financiados por los contribuyentes, además de abogados pagados con dinero público que los orientan en el sistema de asilo.

La fuente añade que el gobierno se niega a divulgar estadísticas que confirmen si, como en otras partes de Europa, los migrantes figuran de forma desproporcionada en las estadísticas de violación y asesinato. También dice que muchos destruyen sus pasaportes antes de pedir asilo bajo nombres y nacionalidades falsas.

Processing an asylum case can take years, señala la pieza, y mientras tanto pueden ir y venir de hoteles y campamentos. El resultado, según esa lectura, es un Estado británico que terminó asociado con el crimen organizado contra su propia población.

Eso es lo que ocurre cuando la burocracia sustituye el orden y el aparato estatal se vuelve incapaz de hacer cumplir sus propias fronteras. Los contribuyentes pagan la cuenta, la ley pierde credibilidad y la calle llena el vacío. Que no te lo cuenten.

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