El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, salió este domingo a controlar los daños tras el tropiezo que sufrió la llamada megarreforma en el Senado. La votación del informe de la comisión mixta tuvo que suspenderse por falta de quórum para aprobar el artículo que compensa a los municipios por la exención del pago de contribuciones a adultos mayores.
El episodio no fue menor. Según García Ruminot, confluyeron la ausencia por enfermedad del senador Enrique Van Rysselberghe, las dudas de varios senadores sobre la compensación municipal y las presiones para incluir recursos destinados a atender la emergencia por el sistema frontal en las regiones de Coquimbo y Atacama. «Las negociaciones no alcanzaron a cerrarse antes de la sesión», reconoció el ministro.
Pero el Ejecutivo no tiene intención de frenar. García Ruminot fue categórico: «Lo que está pendiente no nos puede paralizar, porque el proyecto de reconstrucción y de desarrollo económico y social es demasiado importante para el país». El Senado volverá a votar el artículo el próximo 4 de agosto.
Si ese voto también fracasa, el Gobierno ya tiene plan B. El ministro mencionó como alternativa incorporar los recursos para los municipios en la Ley de Presupuestos 2027. En otras palabras: si el Parlamento no aprueba el gasto por esta vía, se busca otra ventana para gastarlo igual.
La prioridad declarada del oficialismo es promulgar la reforma cuanto antes para activar, entre otras medidas, una exención de IVA sobre viviendas en stock. «Queremos que pronto comiencen a venderse las viviendas que están en stock y que van a ser objeto de una exención del IVA», explicó García Ruminot.
El relato se cayó solo. Un Ejecutivo que vende su megarreforma como urgente e imprescindible no consiguió los votos para aprobarla completa, y la respuesta ante ese revés es anunciar que los recursos «van a estar» de todos modos, por la vía que sea. Eso no es gobernanza legislativa: es voluntarismo presupuestario.
Lo que está en juego es el principio básico de que el gasto público requiere respaldo parlamentario real, no promesas de funcionarios que ya tienen el siguiente presupuesto en la mira. Cuando un gobierno dice «hay otras posibilidades legislativas» después de perder una votación, el contribuyente debería leer entre líneas: el dinero ya está comprometido, el debate es solo un trámite. Que no te lo cuenten.
