El Gobierno ha dejado claro que sus ministros solo darán explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta en el Congreso, entre el 25 y el 28 de agosto, y no atenderá las citaciones que el PP, con mayoría absoluta en el Senado, ha cursado esta semana a los titulares de Exteriores, Interior y Defensa.
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, lo dijo sin rodeos en la red social X: el Gobierno no piensa acudir al Senado. Calificó de «absurdo» montar «comparecencias duplicadas y sin tiempo de preparación» y acusó a la Cámara Alta de «renunciar a su función constitucional para seguir organizando numeritos contra el Gobierno».
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, fue más lejos. Recordó en la misma red social que se cumplen ocho meses desde que el PP no renueva los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Senado, «con excusas baratas», y trazó el paralelo con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que se prolongó durante cinco años. Su remate: «El PP en el Senado: numeritos, muchos; cumplir la Constitución, nada».
El cuadro es tan simétrico que casi da risa. El Ejecutivo acusa al PP de bloquear el TC mientras el PP acusa al Ejecutivo de esquivar el Senado. Cada bando agita su propia Constitución como si fuera un escudo, y los ciudadanos de Ceuta —los que vivieron la crisis en primera persona— esperan explicaciones que ninguna de las dos cámaras ha conseguido arrancar todavía.
Aquí la doble vara funciona a pleno rendimiento. El mismo Gobierno que exige al PP cumplir la Constitución en materia de renovaciones judiciales decide unilateralmente en qué foro rinde cuentas sobre una emergencia en la frontera sur. Elegir el escenario de la comparecencia no es transparencia: es gestión del relato. El Senado existe, tiene competencias y tiene mayoría para citar ministros. Que el Ejecutivo lo ignore porque no le cuadra el calendario político no es un argumento constitucional; es comodidad.
Lo que está en juego no es un tecnicismo procedimental. Es el principio básico de que el poder ejecutivo responde ante el legislativo, no al revés. Cuando un Gobierno elige su propio tribunal, la rendición de cuentas deja de serlo. Que no te lo cuenten.
