Un incendio destruyó en junio el almacén refrigerado de Lineage Logistics en Boyle Heights, Los Ángeles. El fuego estalló el 17 de junio. Ardió más de una semana. Se extinguió el 24 de junio.
La bodega guardaba unas 85 millones de libras de carne, pollo, mariscos y otros alimentos. Todo se pudrió al perderse la refrigeración.
Ahora el problema viajó 50 millas. Camiones cargados de comida en descomposición llegan a un vertedero cerca de Simi Valley. Los vecinos del barrio Big Sky llevan semanas soportando el hedor.
«Huelo como pescado o algo muerto», dijo la residente Pradepa Nachimuthu a ABC7. «Estamos pensando si deberíamos seguir viviendo aquí», agregó. También reportan más moscas de lo normal.
Los residentes empezaron a quejarse ante el Distrito de Control de Contaminación del Aire de Ventura. La agencia respondió con una notificación de infracción. Sigue monitoreando la situación, según su propio comunicado.
El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles ya emitió más de 30 multas por desechos orgánicos en descomposición y actividad de moscas, según Daily Mail.
El Distrito de Gestión de Calidad del Aire de la Costa Sur informó el sábado que las cuadrillas terminaron de retirar la comida en descomposición del almacén. Es una fase mayor de la limpieza. La empresa tiene ahora siete días para terminar el resto: retirar escombros, lavar a presión, limpiar y desinfectar el lugar bajo una orden de saneamiento.
Lineage estima que la limpieza completa costará unos 100 millones de dólares. La causa del incendio sigue bajo investigación. Lineage cree que pudo iniciarse durante pruebas a un sistema solar en el techo. Altus Power, dueña de esa instalación, lo niega. Dice que la causa aún no está determinada. El Departamento de Bomberos y el de Construcción y Seguridad de Los Ángeles siguen investigando.
Aquí hay algo que nadie cuenta con la misma indignación con la que se exige austeridad al ciudadano común: la factura de 100 millones la paga la empresa privada, no el contribuyente. Mientras tanto, las agencias estatales tardaron semanas en emitir una notificación de infracción, mientras las familias de Big Sky respiraban el desastre todos los días.
Ese es el patrón de siempre. El aparato regulatorio se mueve con calma cuando el problema es ajeno a su presupuesto. Cuando el afectado es el vecino de a pie, la burocracia entrega papeles. Cuando la empresa privada asume el costo real, nadie aplaude. Otra vez la doble vara.
