El incendio que arrasa la sierra oeste de Madrid y la provincia de Ávila alcanzó este sábado un nivel de emergencia sin precedentes. El fuego avanzó con tal velocidad que obligó a evacuar Cenicientos —incluyendo el puesto de mando avanzado— en plena comparecencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso ante los medios.
Fue el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien interrumpió la intervención de Ayuso para ordenar el abandono inmediato del municipio. Minutos después, la Delegación del Gobierno confirmó el traslado del puesto de coordinación a Navalcarnero.
Ayuso describió la situación como «totalmente inédita, nunca vista». Explicó que los distintos focos han generado «una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo, creando una condición atmosférica especial y cambiando la meteorología». La presidenta subrayó que tanto ella como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han estado «trabajando y centrados en lo más importante ahora mismo».
Antes de la evacuación de Cenicientos ya se habían ordenado los desalojos de Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real. Según datos de la Delegación del Gobierno, el número de evacuados en la zona de Madrid alcanza 35.000 personas, mientras que los confinados superan los 20.000. Sumando los municipios afectados en la provincia de Ávila —Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo, Santa María del Tiétar, Navahondilla y Casavieja—, el operativo acumula 73.000 personas evacuadas entre ambas comunidades. El perímetro del incendio ronda las 20.000 hectáreas.
Ayuso trasladó su apoyo a los afectados a través de la red social X: «Cuando se quema tu pueblo o su monte, tu casa, tus animales, en horas se pierde todo lo que quieres y por lo que has luchado toda la vida».
Lo que ocurrió este sábado en Cenicientos es una imagen que no se borra fácilmente: las autoridades tuvieron que salir corriendo del mismo lugar desde el que coordinaban el rescate. No es metáfora; es el parte de emergencias. Un incendio de estas dimensiones pone sobre la mesa preguntas incómodas sobre la gestión del territorio, la prevención forestal y los recursos desplegados —o no desplegados— con suficiente antelación. Mientras el aparato burocrático debate competencias entre administraciones, son 73.000 ciudadanos los que cargan con el coste real: sus casas, sus animales, su vida construida durante décadas. Que no te lo cuenten.
