Una ley aprobada por el Congreso anterior, promulgada en abril y aún sin reglamentar. Eso es la Ley N.º 32581, la llamada «Pensión digna», que eleva el monto mínimo de pensión para maestros jubilados y cesantes a S/3.500,70, equivalente a la RIM de la Primera escala magisterial.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no solo ha frenado su reglamentación: según la fuente, el propio Ejecutivo promueve activamente una demanda de inconstitucionalidad contra la norma. El MEF ha señalado públicamente que al menos cuatro leyes «caras» aprobadas por el Congreso anterior deberían ser revisadas por el Tribunal Constitucional para ser declaradas inconstitucionales. La Ley 32581 está en esa lista.
El Colegio de Economistas, según la fuente, ya se prepara para llevar la norma ante el TC.
Ante ese escenario, un grupo de senadores de Juntos Por el Perú presentó una moción —a iniciativa del senador Ramos Huillcas— para exigir que el ministro de Economía, Elmer Cuba, se presente «con carácter urgente» al Pleno del Senado. Los legisladores quieren que Cuba explique y sustente la decisión del Ejecutivo de promover la inconstitucionalidad de una ley que, mientras siga vigente, obliga al Estado a cumplirla.
La moción también exhorta al Poder Ejecutivo a cumplir las obligaciones establecidas por la Ley N.º 32581 mientras esta mantenga plena vigencia, «sin perjuicio de las acciones constitucionales que legítimamente correspondan».
El nudo es claro: la ley existe, tiene fuerza legal, pero el Gobierno anterior no avanzó con la reglamentación y el actual busca que directamente no se aplique.
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Que no te lo cuenten. Aquí hay dos problemas que no se pueden mezclar sin deshonestidad intelectual. El primero es fiscal: una ley con impacto presupuestario significativo aprobada sin respaldo financiero claro es una práctica que el libre mercado y la responsabilidad fiscal rechazan de plano. El segundo es de Estado de derecho: una ley promulgada es ley vigente, y el Ejecutivo no puede simplemente ignorar su reglamentación mientras busca la vía para derogarla. Eso no es gestión fiscal responsable; es burocracia selectiva al servicio de la conveniencia política.
Los maestros jubilados tienen una norma a su favor. El aparato estatal tiene la llave de su aplicación. Y el Congreso, por ahora, es el único que parece dispuesto a preguntar en voz alta por qué esa llave sigue guardada.
