El memo existe. Tiene fecha. Y ahora es público.
El senador Eric Schmitt (R-Missouri) difundió un memorando presidencial interno fechado el 2 de enero de 2024. Lo produjeron asesores senior del gobierno Biden para el entonces presidente. El mensaje era directo: ampliar el Estatus de Protección Temporal «antes de que USTED deje el cargo».
El TPS otorga permisos de trabajo y protección contra la deportación a ciudadanos extranjeros. Una «redesignación» extiende ese escudo a migrantes recién llegados. Los asesores querían dejar a millones más dentro de ese paraguas. Luego Trump tendría que procesar las solicitudes.
Cuando Biden se preparaba para salir, su administración supervisaba el estatus protegido de aproximadamente 1,2 millones de personas de 16 países distintos. El memo advertía que esas protecciones vencerían «en 2025 o principios de 2026». La solución propuesta: sumar a Ecuador y Guatemala a la lista. Con esos dos países, más de dos millones de migrantes quedarían blindados contra la deportación.
El documento no esconde la intención política. Los asesores reconocen que «los grupos de interés argumentan que otorgar TPS protegerá potencialmente a personas vulnerables de las deportaciones masivas planeadas por el presidente electo Trump». También admiten que estaban «preparados para litigar» cualquier intento de frenar o terminar el TPS.
Hay un párrafo que merece leerse despacio. El memo advierte: «Si el Secretario de Seguridad Nacional redesigna a los venezolanos para el TPS, los republicanos probablemente argumentarán que USTED otorgó amnistía a miembros de la banda Tren de Aragua». Los asesores lo sabían. Lo escribieron. Y lo recomendaron de todas formas.
Schmitt fue preciso en su diagnóstico: «Su equipo buscaba formas de consolidar su régimen de migración masiva antes de que Trump tomara el poder».
Eso no es política migratoria. Es sabotaje institucional con fecha de vencimiento calculada.
Contrafuego lo dice sin rodeos: esto es el aparato estatal en su versión más cínica. No se trata de proteger vulnerables. Se trata de atar las manos del gobierno siguiente con burocracia, litigios y hechos consumados. El contribuyente americano paga el procesamiento. Los jueces federales hacen el trabajo sucio. Y Biden sale por la puerta trasera con las manos limpias. El relato se cayó solo. El memo lo firmó.
