Desde febrero, el gobierno de Estados Unidos dinamita las inmediaciones del cerro Cuchumá, en Tecate, Baja California. Las obras forman parte de la construcción del muro fronterizo. El área afectada es una servidumbre ecológica administrada por Fundación La Puerta A.C. desde 2003. El pueblo indígena Kumiai la considera sagrada.
Un grupo de 35 personas —biólogos y profesionales de otras disciplinas— recorrió la zona durante dos días de mayo. Trabajaron de forma voluntaria. Usaron cámaras de celulares y equipo especializado. Registraron huellas, avistamientos, excretas y cualquier indicio de vida.
El resultado: 397 especies amenazadas identificadas y cargadas en la plataforma iNaturalist. El registro es público y de acceso abierto. Forma parte del proyecto binacional BioBlitz de la Frontera 2026, liderado por NGen Investigadores del Desierto Sonorense, el Museo de Historia Natural de San Diego y Botanical Community Development Initiatives. Participan más de 40 organizaciones. La iniciativa se realiza de manera anual desde 2018.
«Es necesario saber qué existe para saber qué se va a perder», dijo Daniela Ramírez Cuevas, bióloga coordinadora del proyecto. Para ella, este año el ejercicio tuvo una dimensión distinta. Quienes participaron sabían que gran parte de lo registrado podría no volver a observarse.
El 21 de mayo se publicó el Expediente Integral para la Protección y Conservación del Cerro Cuchumá. El documento detalla los impactos de las obras. Aunque los trabajos ocurren en territorio estadounidense, sus efectos alcanzan ambos lados de la frontera. El expediente advierte sobre modificación irreversible del hábitat, fragmentación de corredores biológicos transfronterizos, alteración del sistema hidrológico y degradación del suelo. También señala riesgo de incendios forestales y exposición de población civil a los efectos de las detonaciones.
El 28 de mayo, residentes de la comunidad de Potrero, California —a unos 18 kilómetros del cerro— reportaron un puma atropellado en carretera. Según la fuente, la presencia del animal en zona urbana es inusual. La fragmentación del hábitat lo habría obligado a modificar sus rutas en busca de alimento y agua.
Contrafuego no tiene posición sobre si el muro debe construirse o no: eso es decisión soberana de Estados Unidos. Lo que sí es verificable es el costo ecológico documentado por científicos con nombre y expediente. Ese costo existe. Ignorarlo no lo borra.
Lo que sí merece señalarse es la doble vara habitual: los mismos sectores que exigen estudios de impacto ambiental para cualquier obra privada en México guardan silencio cuando el dinamitador es un gobierno extranjero. El libre mercado y la propiedad privada incluyen el derecho de comunidades indígenas sobre territorios que administran desde hace décadas. Eso también es un principio. Que no te lo cuenten.
