El Pacto Histórico lo anunció con bombo: sus congresistas no pondrán un pie en Cali el día que Abelardo de la Espriella asuma la presidencia de Colombia. El argumento, predecible, es que el abogado barranquillero será un mandatario «ilegítimo». El relato se cayó solo antes de arrancar.
El representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, recogió el guante con una propuesta sencilla: «Los que no quieren ir, con todo el derecho, pueden hacerlo, pero renuncien al día de salario y a sus prestaciones». No era una ocurrencia: la Ley 5 de 1992, artículo 271, establece que «la falta de asistencia de los Congresistas a las sesiones, sin excusa válida, no causará los salarios y prestaciones correspondientes».
Dicho de otro modo, la norma ya existía. Briceño solo les recordó lo que dice el reglamento que ellos mismos juraron respetar.
La respuesta del Pacto no se hizo esperar. El representante Heráclito Landinez confirmó que la bancada se acoge a la decisión de la Dirección Administrativa de la Cámara para renunciar al pago de ese día. Traducción: aceptaron que la ley aplica, aunque no lo digan con esas palabras.
Mientras tanto, María Fernanda Carrascal encabezó una proposición para que los congresistas paguen sus propios tiquetes al traslado en Cali. Briceño respondió mostrando en redes la factura de su pasaje, comprado de su bolsillo, y añadió que renunció a su esquema de seguridad y donó su prima mensual de congresista durante cuatro años a víctimas de las Farc.
En paralelo, la bancada petrista anunció que convocará marchas en Cali para el día de la posesión, mientras algunos de sus miembros hablan de asistir a un acto encabezado por el senador Iván Cepeda, a quien Briceño llamó «el Juan Guaidó colombiano».
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Aquí está el cuadro completo: legisladores financiados por el erario público, elegidos para ejercer sus funciones, anuncian que no cumplirán con su presencia en el acto más importante del calendario institucional, y encima lo presentan como gesto de resistencia moral. La ley, en cambio, es más prosaica: no trabajas, no cobras. Eso no es castigo; es el mínimo principio de cualquier relación laboral honesta.
Que el Pacto Histórico necesitara que un congresista opositor les recordara la norma básica dice mucho del estado del petrismo: un movimiento que lleva cuatro años hablando de los pobres mientras administra con desdén el dinero de los contribuyentes. Abelardo de la Espriella llega al Palacio de Nariño con el mandato de cambiar ese libreto. El boicot ya tiene precio. Y lo pagan ellos.
