El Pacto Histórico no tardó ni un mes en acomodarse al nuevo mapa político de Colombia. A través de un comunicado difundido por la representante María Fernanda Carrascal, la coalición oficializó que actuará como partido de oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, electo presidente para el periodo 2026-2030 en los comicios del 21 de junio de 2026.
El mensaje fue claro: desde el Congreso de la República ejercerán, según sus propias palabras, «una oposición democrática, firme, responsable y alternativa, con iniciativa para realizar un riguroso control al Gobierno, presentar propuestas y contribuir a la construcción de las mayorías que Colombia necesita para hacer realidad un proyecto democrático de transformaciones».
El punto central del comunicado, sin embargo, no es el control político sino la promesa de defender el «legado» de Gustavo Petro. La colectividad señaló que actuará «con coherencia y transparencia» en esa tarea. Que el mismo movimiento que gobernó durante cuatro años hable ahora de coherencia y transparencia desde la oposición tiene su propia ironía.
Que no te lo cuenten: el petrismo no perdió por falta de recursos ni por conspiración mediática. Perdió en las urnas. Los colombianos eligieron a De la Espriella con un mandato distinto: orden, inversión y estabilidad jurídica, las mismas variables que el aparato petrista desdeñó o atacó durante su gestión. Ahora, desde las curules que conservaron, los mismos actores prometen «construir mayorías» para reversar ese resultado.
El mecanismo es conocido. Lo que no se gana en las urnas se intenta bloquear en el Congreso. Lo que no se bloquea en el Congreso se judicializa. Y lo que no se judicializa se convierte en relato: el «legado» como escudo, la oposición como trinchera para proteger lo que la ciudadanía decidió dejar atrás.
Contrafuego lo dice sin rodeos: la democracia no termina en el día de las elecciones. El control legislativo es legítimo y necesario. Pero hay una diferencia entre fiscalizar un gobierno nuevo y dedicar la legislatura a resucitar un proyecto que los votantes rechazaron. Colombia eligió un rumbo. El Pacto Histórico tiene todo el derecho de oponerse; lo que no tiene es el mandato para imponer el de Petro desde la minoría.
