La Casa Blanca publicó una hoja informativa sobre el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos. El abogado constitucionalista José Ignacio Hernández aclara: el documento aporta detalles. Pero también abre preguntas que nadie responde todavía.
El centro de la polémica es North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa de Alejandro Betancourt. Según la Casa Blanca, el régimen de Delcy Rodríguez le entregó «concesiones por 100 años» sobre 17 campos petroleros. Hay un problema: la ley venezolana no reconoce esa figura. Solo permite contratos de servicio limitados a 25 años. Hernández lo dice sin rodeos: «Esto debe aclararse».
Pdvsa, la petrolera estatal, parece quedar fuera del trato. La ley exige que los privados actúen como contratistas de sus filiales. Hernández reconoce que esa limitación debería derogarse. Pero también advierte algo más urgente: Pdvsa necesita reorganizarse tras su colapso.
Otro detalle incomoda al jurista. Estados Unidos podría comprar el 20% del petróleo producido a costo de producción. Bajo la ley venezolana, vender al costo no está permitido. Socava los ingresos fiscales del país, salvo que el privado asuma las pérdidas.
Hernández también señala el tamaño del reparto. Concentrar 17 campos en una sola empresa crea, en sus palabras, «una administración petrolera paralela». Eso podría chocar con los artículos 302 y 303 de la Constitución venezolana. Un acuerdo de esta magnitud, sostiene, requiere consulta y supervisión democráticas.
El punto final es el más incómodo para el régimen: quienes negocian no fueron elegidos. La propia hoja de la Casa Blanca lo admite: las autoridades venezolanas son interinas, no producto de elecciones libres. Hernández lo resume así: un pacto de este calibre «compromete a las generaciones futuras» y no debería firmarlo un gobierno provisional.
Washington, por su parte, enmarca el acuerdo dentro de un proceso de «estabilización, reconstrucción y transición democrática». Bonita intención. Pero la propia hoja informativa cierra con una frase que desnuda el problema real: la inversión privada necesita, ante todo, estado de derecho.
Ahí está la trampa. Un régimen que no nace de elecciones libres reparte concesiones millonarias a una empresa vinculada a un empresario señalado, sin control legislativo ni consulta ciudadana. Se llama a eso «transición». El resto del mundo lo llama repartija sin reglas.
El capital serio no invierte donde no hay seguridad jurídica. Venezuela puede vender petróleo, pero no puede vender confianza si sigue operando por decreto. Que no te lo cuenten como reforma: es otro parche de un poder que no rinde cuentas a nadie.
