La libertad de expresión en Gran Bretaña no murió de un golpe. Murió por acumulación burocrática.
Desde la Race Relations Act de 1965, que ilegalizó la expresión de ciertas creencias políticas, hasta las leyes de «hate speech» introducidas bajo Tony Blair, el Parlamento británico fue construyendo, ladrillo a ladrillo, un andamiaje legal que hoy manda a madres de familia a la cárcel por tuits borrados.
El caso más citado: Lucy Connolly, madre de dos hijos, fue encarcelada por un tuit sobre solicitantes de asilo publicado durante los disturbios de Southport en 2024 — y eliminado rápidamente. El comediante Graham Linehan fue arrestado por tuits sobre transgenerismo. Policías perdieron su empleo por chistes en grupos privados de WhatsApp. Esto no es sátira: está documentado.
En Washington, la segunda administración Trump tomó nota. En la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2025, el vicepresidente J.D. Vance fue directo con los líderes europeos sobre el tema. Desde entonces, funcionarios del gobierno estadounidense como Sarah Rogers han señalado de forma persistente las crecientes restricciones a la libertad de expresión en el Reino Unido.
El debate inevitable que sigue es constitucional: ¿necesita Gran Bretaña una carta de derechos escrita al estilo estadounidense? El barrister Jon Holbrook, autor del informe Reversing Britain's Free Speech Recession para el Prosperity Institute, dice que no. Y tiene razón.
La soberanía parlamentaria — principio motor de la política británica — significa que ningún Parlamento puede atar a su sucesor. Un gobierno electo con mandato para derogar las leyes del anterior puede hacerlo. Sin trabas constitucionales. Sin supermayorías. Sin décadas de litigio.
El mismo informe señala, sin ironía, que esa flexibilidad es la que le ha impedido al presidente Trump cumplir su promesa central de acabar con la ciudadanía por nacimiento: la Constitución escrita de EE.UU. lo bloquea aunque tenga mayoría conservadora en el Tribunal Supremo. En un sistema genuinamente parlamentario, esa ley habría pasado el primer día.
La hoja de ruta de Holbrook es concreta: derogar las leyes que criminalizan el discurso que «causa alarma o angustia»; limitar los delitos de comunicaciones a mensajes intencionalmente amenazantes y dirigidos a personas concretas; eliminar todas las leyes de «hate speech»; y reemplazar el enredado derecho antidiscriminación por un régimen de responsabilidad civil simple, con costas que disuadan las denuncias temerarias.
Lo que está en juego es más que un debate jurídico. La tradición de libertad inglesa fue la semilla de la que brotó el modelo occidental de expresión libre — incluida la Primera Enmienda estadounidense. Que hoy ese mismo país persiga tuits y chistes privados no es solo una tragedia cultural: es una señal de lo que ocurre cuando el aparato estatal crece sin freno y las élites parlamentarias priorizan el control del discurso sobre los derechos del ciudadano.
Gran Bretaña tiene las herramientas para salir sola de este hoyo. Solo necesita un gobierno con la valentía de usarlas. Que no te lo cuenten como si fuera complicado: es una decisión política, nada más.
