El senador Daniel Núñez, del Partido Comunista, salió a incendiar el martes un acuerdo que, visto sin anteojeras ideológicas, suena perfectamente razonable: vender activos estatales que el propio gobierno considera prescindibles para financiar la reconstrucción de las regiones de Coquimbo y Atacama tras el sistema frontal que las azotó.
El pacto fue alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y los senadores Matías Walker (Ind.) y Sergio Gahona (UDI). Contempla la creación de un fondo especial de reconstrucción financiado con recursos públicos extraordinarios y con la enajenación de activos fiscales catalogados como prescindibles. También establece una mesa técnica para determinar montos y priorizar obras.
Núñez no tardó en calificar el mecanismo como «un chantaje inmoral». Según él, el gobierno usa la emergencia de dos regiones castigadas como «excusa para privatizar bienes del Estado». Sus preguntas fueron retóricas pero reveladoras: ¿van a vender casas entregadas en comodato a juntas de vecinos? ¿Los terrenos en zona oriente destinados a vivienda social?
Lo que el senador comunista llama privatización, el resto del mundo llama gestión eficiente del patrimonio público. El Estado chileno acumula propiedades que no usa, no mantiene y no aprovecha. Que parte de esa cartera se liquide para financiar obras concretas en zonas damnificadas no es un escándalo: es lo que haría cualquier administrador responsable con los recursos de los contribuyentes.
El argumento de Núñez tiene, eso sí, una lógica interna: quien declara «prescindible» un activo es el Ministerio de Hacienda, lo que concentra un poder discrecional considerable. Su exigencia de que ningún alcalde ni parlamentario sea excluido de la mesa técnica es, en ese punto, legítima como control democrático.
Pero el fondo del debate es otro. El PC no se opone al mecanismo por razones de transparencia: se opone porque su doctrina prohíbe reducir el tamaño del Estado, aunque sea para ayudar a los damnificados. Eso lo dice todo.
Contrafuego lo ve así: cuando la izquierda llama «chantaje» a vender lo que el Estado no necesita para reconstruir lo que la naturaleza destruyó, no está defendiendo a los vecinos de Coquimbo. Está defendiendo el perímetro del aparato estatal. Que no te lo cuenten.
