El Partido Nacional Libertario (PNL) detalló esta semana el avance de la querella criminal que presentó contra el exministro de Justicia Luis Cordero y la encargada del Plan Nacional de Búsqueda, Paulina Zamorano. El caso: Bernarda Vera, incluida en los registros oficiales de detenidos desaparecidos. El problema: estaba viva y en Argentina.
El abogado Maximiliano Murath, quien presentó la acción judicial, fue directo. «Tomando conocimiento de la existencia de una falsa detenida desaparecida y de que existía información relevante, decidimos deducir una querella criminal en contra de las autoridades de la época», explicó. La acción apunta a determinar si esas autoridades infringieron su deber legal de denunciar. «Si lo infringieron, deben responder penalmente», sostuvo.
Las diligencias solicitadas incluyen declaraciones de analistas, funcionarios de la PDI y de las propias autoridades querelladas. También se pidieron correos electrónicos y comunicaciones internas. Entre los citados figura la periodista Pascale Bonnefoy, integrante del Plan Nacional de Búsqueda entre marzo de 2024 y enero de 2026. Según Murath, Bonnefoy ya declaró ante la Fiscalía. Su entrevista duró más de cinco horas.
Un examen de ADN habría acreditado que Vera se encontraba efectivamente en Argentina. Con ese respaldo, el PNL espera que la investigación acelere. «Estas diligencias tienen que seguir avanzando», exigió Murath.
El presidente del partido, Johannes Kaiser, celebró que Vera esté con vida. Pero fue claro en que el alivio no cierra el expediente. «Cada caso de desaparición forzada implica detrás de sí mismo una tragedia», dijo. Y apuntó a una consecuencia mayor: si existen personas condenadas sobre la base de antecedentes erróneos o directamente falsos, el Estado tiene una deuda. «Usted no puede condenar simplemente por suposiciones», sentenció.
El PNL también exigió al gobierno poner suma urgencia a un proyecto que permita al Servicio Médico Legal identificar restos de detenidos desaparecidos que aún permanecen en su poder.
Aquí está el fondo del asunto. El relato de los derechos humanos en Chile ha funcionado durante décadas como escudo intocable. Nadie pregunta. Nadie audita. El presupuesto fluye, los cargos se reparten y la burocracia crece. El caso Vera rompe ese blindaje. Muestra que el aparato estatal puede sostener una mentira —o al menos una negligencia grave— sin que nadie rinda cuentas. Eso no es memoria. Es impunidad con otro nombre.
Que un partido liberal lleve el caso a la Fiscalía mientras el gobierno guarda silencio dice todo. La doble vara es vieja conocida: exigen accountability cuando conviene y cierran filas cuando el cuestionado es propio. Que no te lo cuenten.
