La megarreforma del gobierno de José Antonio Kast superó la comisión de Hacienda del Senado y fue despachada a la sala. El proyecto avanza, pero deja a su paso una crisis política que involucra al Partido Por la Democracia (PPD) y al propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
El detonante fue un acuerdo que Quiroz negoció directamente con los senadores del PPD sobre invariabilidad tributaria e impuesto corporativo. Según los parlamentarios de esa bancada, el ministro rompió lo pactado al introducir indicaciones que «iban muchísimo más allá» de lo acordado. El acuerdo, dijeron, se cayó.
El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, no se guardó nada. «No se puede confiar en el ministro Jorge Quiroz, creo que ha actuado de mala fe», declaró en radio Duna. Fue más lejos: afirmó que Quiroz «no es un interlocutor válido ni para la oposición, ni para el mundo político» y que «está generando un problema a su propio gobierno».
Soto denunció además un «doble agravio»: primero, el Ejecutivo habría aprovechado una transición interna en el PPD para «acelerar» un acuerdo «que no estaba debidamente socializado, conversado y validado». Segundo, una vez suscrito ese acuerdo, el gobierno lo habría vulnerado por la vía de las indicaciones.
La respuesta del PPD será institucional y en bloque: los senadores de la colectividad junto a la oposición recurrirán al Tribunal Constitucional «para que se revisen los aspectos constitucionales, tanto en las materias tributarias como también en las medioambientales», confirmó Soto.
El timonel del PPD también pidió que dirigentes y parlamentarios de otros sectores «pidan las disculpas del caso» por lo que calificó como «cancelación política» y «acusaciones injuriosas» contra quienes suscribieron el acuerdo.
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Lo que queda en evidencia aquí no es solo una disputa de egos o una negociación mal administrada. Es el síntoma clásico de una oposición que no sabe si bloquear o negociar, y que cuando negocia, luego necesita desmentirse ante su base. El PPD firmó, luego se desdijo, y ahora exige disculpas. Esa secuencia tiene un nombre: política de relato.
Mientras tanto, la megarreforma avanza. Que no te lo cuenten: el Tribunal Constitucional será el próximo campo de batalla, y el contribuyente chileno pagará la factura de cada semana que se alargue la incertidumbre tributaria.
