Hay una sola pregunta que debería regir cualquier política migratoria: ¿le conviene al ciudadano americano? La respuesta, según Tricia McLaughlin, exsubsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, es que la inmensa mayoría de los programas vigentes hasta enero de 2025 fallaban esa prueba de forma estrepitosa.
McLaughlin lo vio desde adentro. En su diagnóstico, la inmigración ilegal y la «legal» mal diseñada le cuesta a Estados Unidos 150.700 millones de dólares al año —cifra que ella misma califica de estimación conservadora—, deprime salarios y encarece desde la vivienda hasta los autos usados. El aparato estatal, vaciado por docenas de programas de libertad condicional y estatus protegidos temporales, terminó siendo una puerta giratoria para cientos de miles de migrantes sin verificación real.
Contra ese telón de fondo, McLaughlin señala una excepción que vale la pena defender: el Programa EB-5 de Inversores Inmigrantes. La lógica es inversa a la del gasto público habitual: en lugar de extraer recursos del contribuyente, el programa exige que quien quiera una residencia permanente demuestre que va a invertir en suelo americano y crear empleos para trabajadores americanos. Cada solicitante pasa verificaciones exhaustivas de antecedentes.
Los números que cita McLaughlin son concretos: en tres años, el EB-5 generó 75.200 millones de dólares en inversiones, creó 1,7 millones de empleos y añadió 184.000 millones al PIB. Las tarifas y los ingresos fiscales que produce superan sus costos administrativos. Cero pesos del contribuyente.
El programa además apunta a comunidades con alto desempleo o en proceso de revitalización, muchas de ellas rurales y alejadas de los circuitos tradicionales de capital. McLaughlin menciona dos casos documentados: en Ohio, fondos EB-5 contribuyeron a la construcción de un hospital de servicio completo y el único centro oncológico independiente de la región; en Arkansas, financiaron una planta de reciclaje de acero tecnológicamente avanzada en una zona rural, descrita como uno de los mayores proyectos de desarrollo económico en la historia del estado.
Su propuesta es directa: el Congreso debe hacer permanente el EB-5 e incluirlo en el próximo paquete de reconciliación presupuestaria, codificando así una vía migratoria legal que cumple el estándar «America First» sin añadir deuda.
La lectura de Contrafuego: El EB-5 es exactamente lo que la burocracia progresista nunca podrá vender como suyo: un programa que funciona precisamente porque no depende del Estado para financiarse. Cada dólar invertido es privado; cada empleo, verificable. El relato que equipara «política migratoria generosa» con gasto público irrestricto se cae solo cuando aparecen cifras como estas. Si el Congreso deja pasar la oportunidad de codificarlo, no será por falta de evidencia. Será por falta de voluntad de separar la inmigración que construye de la que consume.
