Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Michigan, intenta presentarse como un aliado de la ley y el orden. Su campaña dice que trabajará «hand in hand with law enforcement» y presume el respaldo de la Wayne County Deputy Sheriff’s Association.
Pero audios de 2020 y 2021 lo muestran diciendo otra cosa. En una entrevista de febrero de 2021, El-Sayed afirmó que «in my experience, the police have never been out there to help me» y dijo que su «heart races» cuando ve policías o cuando lo detienen. En junio de 2020, sugirió que los policías estadounidenses deberían ir desarmados, como los británicos, y preguntó cuándo se permitió que la policía se convirtiera en «a military … that could have its way with us».
También cuestionó el poder de los sindicatos policiales. Dijo que había que «rethink the power of police unions» y acusó a esos sindicatos de meter «their claws into politicians» y asustarlos para frenar reformas. Más tarde, su campaña borró publicaciones viejas contra la policía y él calificó esos comentarios de «dumb and unnuanced», aunque siguió defendiendo la reasignación de dinero de los departamentos policiales a otros servicios públicos.
En otra entrevista de junio de 2020, El-Sayed dijo que no le gustaba el término «defund» y que prefería hablar de «refund». Enumeró salud pública, recreación, escuelas públicas, bibliotecas y espacios públicos como destinos para esos fondos. También dijo que «all of those funds that the police departments have eaten up» debían volver a donde correspondían.
James Tignanelli, presidente de la Police Officers Association of Michigan, calificó sus comentarios de «foolish» y sostuvo que, para tener buenas personas haciendo ese trabajo, hay que darles beneficios y protección. También recordó que los policías no pueden dejar el trabajo como sí puede hacerlo el UAW.
El contraste es evidente. El candidato vende moderación cuando le conviene y revive el libreto radical cuando habla entre los suyos. Esa es la doble vara de siempre: mucha retórica sobre seguridad, pero desprecio por quienes cargan con el orden público y por el dinero que sostiene sus herramientas.
Y el problema no es solo de coherencia. Es de prioridades. Cuando un político habla de «refund» en vez de recorte y quiere mover recursos fuera de la policía, el costo no lo paga la casta. Lo paga el vecino que depende de la seguridad para vivir, trabajar e invertir sin miedo.
