El Senado de Estados Unidos dio un paso concreto. La Comisión de Comercio aprobó por unanimidad el Connected Vehicle Security Act of 2026. El proyecto prohíbe importar, fabricar y vender vehículos conectados vinculados a China u otros adversarios extranjeros designados.
Los patrocinadores son el republicano Bernie Moreno (Ohio) y la demócrata Elissa Slotkin (Michigan). Bipartidismo real, no de escaparate.
Slotkin fue directa: «Los autos chinos son paquetes de vigilancia sobre ruedas, con capacidad de recopilar datos de ciudadanos americanos y transmitirlos a Pekín». Moreno fue más lejos. Dijo que la industria automotriz china «no fue construida para competir, sino para destruir la manufactura americana, vaciar a la clase media y socavar nuestra seguridad nacional».
No es retórica vacía. Los autos modernos funcionan como dispositivos electrónicos móviles. Recopilan datos de ubicación, infraestructura y comportamiento. También permiten acceso remoto a funciones críticas: dirección, frenos, aceleración. Eso no es un auto. Es un vector de inteligencia.
El proyecto también apunta a las empresas con más del 15% de propiedad china. Ahí apareció la primera fricción. El presidente de la comisión, Ted Cruz, advirtió que esa cláusula podría afectar a Mercedes-Benz, que tiene inversión china significativa pese a operar plantas en Estados Unidos. Moreno respondió que esa disposición no entraría en vigor hasta 2030 y que incluye un proceso de exenciones. Un intento de suavizar los requisitos de propiedad fue finalmente retirado.
El respaldo al proyecto es amplio. General Motors, Ford, Stellantis, el sindicato United Auto Workers y la Alianza para la Innovación Automotriz lo apoyaron. GM dijo que los fabricantes americanos «pueden competir con cualquiera en el mundo cuando se les da un campo de juego nivelado». Ford habló de proteger «la base industrial de Estados Unidos».
El presidente del UAW, Shawn Fain, también firmó. «Nuestra seguridad nacional y económica depende de una industria automotriz estadounidense fuerte», dijo.
El proyecto amplía restricciones adoptadas durante la administración Biden, que ya bloqueaban efectivamente a los fabricantes chinos del mercado de vehículos de pasajeros. Pero va más lejos: abarca toda la cadena, desde producción hasta venta.
Aquí está el principio en juego. China no subsidia su industria automotriz para competir en igualdad de condiciones. Lo hace para inundar mercados, quebrar competidores y luego cobrar la factura en términos geopolíticos. Permitir que esa estrategia opere libremente en suelo americano no es libre comercio. Es ingenuidad con consecuencias.
El aparato estatal chino financia vehículos vendidos por debajo del precio de mercado. El contribuyente americano terminaría pagando esa distorsión con empleos perdidos, plantas cerradas y datos en manos de Pekín. Que el Senado lo llame por su nombre es, por una vez, lo correcto.
