El presidente del Senado, Pedro Rollán, envió cartas a tres ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. Los destinatarios: Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y José Manuel Albares (Exteriores). El mensaje es directo: comparezcan o asuman las consecuencias legales.
La cámara alta los citó en sus respectivas comisiones. Las fechas son el 12, el 13 y el 17 de agosto. El motivo: la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El Senado también registró las peticiones en el Congreso.
El Gobierno respondió a su manera. Los ministros —incluido el titular de Presidencia, José Luis Bolaños— anunciaron que comparecerán a petición propia en el Congreso. Lo harán la última semana de agosto. Su argumento: el Congreso es la cámara «constitucionalmente prevalente».
Rollán les desmontó el argumento en la propia carta. Citó la Constitución. El ordenamiento, escribió, «no establece una posición de prevalencia entre el Congreso y el Senado en el ejercicio de la función de control del Gobierno». Ambas cámaras ejercen esa función «en igualdad de condiciones». Los ministros, por tanto, «no pueden elegir libremente» ante cuál comparecer.
La advertencia es concreta. Si no acuden sin «causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales», el Senado podrá adoptar las medidas que procedan y exigir las responsabilidades que en derecho correspondan.
El PP tiene mayoría absoluta en el Senado. Eso convierte esta disputa en algo más que un roce protocolario.
Que no te lo cuenten. El Gobierno de Sánchez lleva semanas sin dar respuestas claras sobre lo ocurrido en Ceuta. Ahora, cuando el Senado exige control parlamentario, el aparato decide qué cámara le resulta más cómoda. Eso no es rendición de cuentas. Es gestión del relato.
El principio en juego es simple: el control parlamentario existe para incomodar al poder, no para que el poder lo administre a su conveniencia. Si los ministros eluden el Senado sin justificación válida, el mensaje es claro. La burocracia de La Moncloa se cree por encima de la Constitución que jura defender.
