Quinto intento. Mismo resultado. La Cámara de Representantes aprobó el jueves una resolución que ordena a Donald Trump retirar las fuerzas militares del conflicto con Irán, que ya acumula 145 días y ha costado la vida de soldados estadounidenses. El marcador: 214 votos a favor, 208 en contra. Cuatro republicanos cruzaron la línea partidaria — Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett y Warren Davidson — para sacarla adelante.
Horas después, el Senado bloqueó su propia versión por 49 votos contra 47. La senadora Susan Collins votó con los demócratas; el demócrata John Fetterman lo hizo con los republicanos. El resultado invirtió el de junio, cuando una medida equivalente pasó esa cámara por 50 a 48.
Nada de esto cambia nada sobre el terreno. Como resolución concurrente, la medida no se envía al presidente para su firma ni veto, por lo que carece de efecto legal directo. Trump ya ignoró una resolución similar aprobada por ambas cámaras en junio, que calificó públicamente de «inoportuna e insignificante». El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue más directo aún: declaró ante el Comité de Asignaciones del Senado que la administración cuenta con «todas las autoridades necesarias en este momento».
El debate de fondo es constitucional. La Resolución de Poderes de Guerra de 1973 exige autorización legislativa pasados 60 días de hostilidades. La Casa Blanca replica que el reinicio de los bombardeos el 7 de julio, tras la ruptura de un alto el fuego, abrió un nuevo período de 60 días bajo el Artículo II. Legisladores de ambos partidos han cuestionado esa lectura, pero ninguno tiene los votos para imponerla.
Mientras tanto, el frente se expande. Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, declararon un bloqueo marítimo y afirmaron haber atacado dos petroleros saudíes en el mar Rojo. Irán mantiene presión sobre el estrecho de Ormuz, corredor por el que transita cerca del 20% del petróleo comerciado globalmente, según la Agencia Internacional de Energía. Esta semana, los restos de cuatro militares muertos en ataques vinculados al conflicto regresaron a territorio estadounidense en ataúdes cubiertos con la bandera nacional.
Con el Congreso a punto de iniciar un receso de un mes, la disputa constitucional queda congelada hasta agosto.
Que no te lo cuenten. El Congreso lleva diez votaciones intentando recortar los poderes bélicos del Ejecutivo y no ha logrado una sola restricción real. La arquitectura constitucional que diseñaron los fundadores — guerra como decisión compartida entre el legislativo y el ejecutivo — lleva décadas cediendo terreno hacia la Casa Blanca, sin importar el partido. Lo que este episodio confirma es que las resoluciones sin fuerza vinculante son teatro político: sirven para que cada legislador diga que «hizo algo», mientras el conflicto sigue su curso. El verdadero debate — quién tiene la última palabra para llevar a jóvenes americanos a morir — sigue sin respuesta.
