El Senado de Estados Unidos confirmó este sábado a Todd Blanche como fiscal general. La votación fue 50-49. Ajustada. Casi no llega.
Blanche venía ejerciendo el cargo de forma interina desde abril, cuando cesó Pam Bondi. Antes de eso, fue el abogado personal del presidente Trump. Ese dato es el centro de toda la polémica.
El senador Bill Cassidy, de Luisiana, había expresado dudas públicas sobre la candidatura. Terminó votando a favor. El motivo: sus compañeras Susan Collins y Lisa Murkowski ya habían anunciado que votarían con los demócratas en contra. Cassidy calculó, giró y salvó la confirmación.
Blanche reaccionó en redes sociales. «Me siento profundamente honrado por la confianza y la fe que el presidente Trump ha depositado en mí», escribió. También agradeció al Senado «por quedarse hasta tarde para completar este proceso».
Los demócratas se opusieron desde el primer día. Sus argumentos apuntan a varios frentes: la gestión de las investigaciones sobre Jeffrey Epstein, los intentos de procesar a supuestos enemigos políticos de Trump, y la salida masiva de fiscales y personal del departamento bajo su gestión interina. También señalan que Blanche supervisó campañas contra las políticas de diversidad en centros educativos y desvió recursos hacia medidas antiinmigración.
Otro punto caliente: la demanda contra el IRS que Blanche presentó en nombre de la familia Trump. El texto incluía cláusulas para blindar al presidente y a sus allegados de futuras auditorías. Sus críticos no lo han olvidado.
Antes de la confirmación, Blanche canceló el llamado «fondo contra la instrumentalización política», que contemplaba indemnizaciones millonarias para aliados políticos de Trump. También presentó un informe para modificar el acuerdo de Trump con el IRS sobre filtraciones de información fiscal de 2019. Los críticos cuestionan la relevancia jurídica de esos documentos.
Lo que está en juego aquí es simple: quién controla la maquinaria federal de persecución penal. Los defensores del Estado de derecho llevan meses advirtiendo que un fiscal general que fue abogado personal del presidente no puede ser árbitro imparcial. Sus defensores responden que cada administración tiene derecho a nombrar a quien comparte su visión jurídica.
Contrafuego no tiene problema con esa segunda postura en abstracto. El problema es concreto: una demanda diseñada para blindar al cliente de auditorías fiscales no es ideología. Es conflicto de interés. El Senado lo confirmó igual. Con 50 votos. Los justos.
