La Comisión de Comercio del Senado de Estados Unidos aprobó el miércoles un proyecto de ley para endurecer la prohibición a los fabricantes de automóviles chinos de entrar al mercado local. La norma codifica una regulación impuesta por el Gobierno de Joe Biden. Ahora lleva firmas bipartidistas: el republicano Bernie Moreno y la demócrata Elissa Slotkin.
El mecanismo es simple. Toda empresa con más del 15% de participación de entidades chinas quedaría excluida del mercado estadounidense. El problema: Mercedes-Benz tiene una inversión china pasiva de casi el 20%. El propio Ted Cruz, presidente de la comisión, lo advirtió. Afirmó que el proyecto «debía modificarse antes de convertirse en ley» y que «nunca consideraríamos» prohibir las ventas del fabricante alemán en Estados Unidos.
Moreno matizó. Dijo que Mercedes-Benz tendría hasta 2030 para cumplir la normativa. Añadió que podría obtener exenciones del requisito de propiedad. Pero la incertidumbre ya está sobre la mesa.
Ahí aparece el dato incómodo. Cruz señaló que General Motors estaba presionando para que se aprobara esa disposición con el fin de expulsar a Mercedes-Benz del mercado y hacer más competitiva su marca Cadillac. Ni GM ni Mercedes-Benz respondieron. El silencio habla.
No es el único flanco. Cruz también alertó sobre otra cláusula respaldada por GM: obligaría a los fabricantes a comprar baterías más caras al propio GM. Según Cruz, eso supondría un incremento de 5.000 dólares en el costo de cada vehículo. Una enmienda para revisar esos requisitos no prosperó.
El proyecto también tiene efectos ya visibles. Polestar, con sede en Suecia pero de propiedad mayoritaria de la china Geely Holding, afirmó el mes pasado que el Gobierno de Trump la obliga a dejar de vender autos en Estados Unidos a partir del modelo año 2027. Volvo Cars, marca hermana de Polestar, dijo en mayo que recibió una autorización, aunque aún debe cumplir las especificaciones en toda su gama.
La norma también alcanza al software. Bluetooth, Wi-Fi, conectividad móvil y tecnologías de comunicaciones por satélite quedan incluidas. La razón: preocupaciones de seguridad nacional por la capacidad de los vehículos para recopilar datos sensibles de propietarios estadounidenses.
Moreno resumió el argumento central: «Estamos evitando una destrucción absoluta, total y completa de nuestra base industrial». GM traslada el Buick Envision a producción en EE.UU. para el modelo año 2028. Ford hace lo mismo con los Lincoln fabricados en China. Waymo, la unidad autónoma de Google, se comprometió a buscar un fabricante en Detroit.
El relato de la seguridad nacional es legítimo. China recopila datos. Sus cadenas de suministro infiltran sectores críticos. Eso es real y documentado. Pero Contrafuego no puede ignorar la otra cara: cuando una ley diseñada para frenar a Beijing termina siendo el vehículo que GM usa para eliminar competencia europea y encarecer baterías para el consumidor, el patriotismo industrial se convierte en proteccionismo corporativo disfrazado. El contribuyente y el comprador de autos pagan la cuenta. La burocracia y el lobby de Detroit se llevan el beneficio. Que no te lo cuenten.
