El Senado trabaja en modificaciones a la iniciativa presidencial de nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio. Lo confirmó Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Las comisiones involucradas estiman tener un borrador de dictamen en aproximadamente 15 días. La aprobación podría llegar alrededor del 15 de octubre.
El objetivo declarado no es reescribir la propuesta de Sheinbaum. Es ajustarla. «Es muy buena iniciativa, pero hay cosas que estamos mejorando», dijo Micher. Eso, en lenguaje legislativo, significa que hay problemas.
Uno de los puntos más delicados es la tentativa de feminicidio. La senadora explicó que no debe recibir exactamente la misma categoría jurídica que el feminicidio consumado. Pero sí debe quedar contemplada expresamente. «Vale la pena reconsiderar», sostuvo.
También está en revisión la definición de razones de género. Es el elemento que determina cuándo una muerte violenta de una mujer puede investigarse como feminicidio. El problema: varias de esas disposiciones aparecen de forma similar en distintos apartados. Las comisiones buscan reagruparlas para evitar duplicidades.
El régimen de penas agravantes también genera ruido. Micher puso un ejemplo concreto: Chiapas contempla hasta 90 o 100 años de prisión. La propuesta federal llega a 70. El Senado deberá encontrar un punto de equilibrio entre ambas.
Las audiencias con organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos, abogados y colectivos LGBTQ+ continuarán al menos durante los próximos días. La comisión planea además una reunión con la Consejería Jurídica, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de las Mujeres.
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Que no te lo cuenten. El oficialismo presentó esta iniciativa como una conquista histórica. Ahora sus propios senadores admiten fallas de técnica legislativa, duplicidades y penas inferiores a las de estados como Chiapas. El aparato legislativo de Morena tiene que corregir en quince días lo que el Ejecutivo no afinó antes de enviarlo.
El principio en juego es simple: las leyes mal construidas no protegen a nadie. Generan impunidad. Si la iniciativa presidencial necesita este nivel de cirugía antes de dictaminarse, la pregunta incómoda es cuánto tiempo se dedicó realmente a redactarla. El relato de la gran reforma se cayó solo, esta vez desde adentro.
