La Fiscalía Local de Coyhaique cerró otra vez la investigación contra el senador Miguel Ángel Calisto. Presentó acusación contra ocho personas. El delito: fraude al Fisco y fraude de subvenciones reiterados.
La defensa del parlamentario no se quedó callada. Su abogado, Nelson Salas Stevens, cuestionó el cierre. Anunció que prepara un recurso de amparo.
«No logramos entender la necesidad del Ministerio Público de cerrar esta investigación a toda costa», dijo Salas Stevens. Según el abogado, la Fiscalía negó a la defensa el acceso a nuevos antecedentes aportados por el coimputado Roland Cárcamo. Cárcamo habría modificado su versión de los hechos. Los nuevos datos, dice la defensa, perjudicarían a Calisto.
«¿Qué antecedentes aportó? No lo sabemos», agregó el abogado. «¿Son reales y confiables? Tampoco hemos podido comprobarlo».
Salas Stevens insistió en un punto: conocer los antecedentes de una investigación es una garantía básica de cualquier ciudadano. No un privilegio por tratarse de un senador en ejercicio. La frase suena bien. El problema es que, mientras se discute esa garantía, el reloj judicial sigue corriendo.
Según el Ministerio Público, entre 2018 y 2022 Calisto era diputado. En ese período, según la Fiscalía, se concertó con Cárcamo y con Carla Graf para obtener recursos mediante un mecanismo defraudatorio en perjuicio del Congreso Nacional. El perjuicio fiscal, dice la Fiscalía, alcanzó los $103.664.697.
Esta no es la primera vuelta en el expediente. La investigación ya había sido cerrada antes. La Fiscalía ya había presentado acusación en junio. Pero el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenó reabrirla, a pedido de la propia defensa de Calisto, para hacer diligencias específicas: declaraciones y peritajes.
¿El resultado de esas diligencias? Según la Fiscalía, permitieron «corroborar y reforzar» su tesis. La tesis es simple: las asesorías parlamentarias que supuestamente prestó Graf nunca se realizaron. Es decir, plata pública pagada por trabajo que no existió.
Con la acusación ya presentada, el Ministerio Público pidió además el desafuero de Calisto ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Busca avanzar en el procedimiento en su contra.
El patrón es conocido. Un parlamentario pide reabrir la causa. Consigue diligencias. Las diligencias terminan reforzando la acusación en su contra. Y cuando la Fiscalía cierra de nuevo, aparece el recurso de amparo. Mientras tanto, los $103 millones que salieron del Congreso Nacional los pusieron los contribuyentes, no la casta política.
Que no te lo cuenten como una simple disputa procesal. Es plata del erario, presuntamente desviada con asesorías fantasma, y un senador que usa cada resquicio legal para ganar tiempo. El relato de la garantía ciudadana suena distinto cuando quien lo invoca tiene fuero y abogados de causa larga.
