La American Association of University Professors (AAUP) decidió endosar al candidato demócrata Abdul El-Sayed en su primaria contra la representante Haley Stevens en Michigan. Hasta ahí, una noticia política ordinaria. El detalle que la convierte en escándalo: según el New York Post, la decisión clave se tomó en una llamada del 14 de julio con «all of about 40 members in Michigan», de un padrón de aproximadamente 4.000 en ese estado y más de 40.000 a nivel nacional.
El sindicato, que se presenta como campeón del «gobierno compartido» y la «voz colectiva» del profesorado, eligió a su candidato con una fracción ínfima de su membresía. No hubo consulta amplia. No hubo deliberación representativa. Hubo una llamada telefónica.
Esto no surge de la nada. Según la misma fuente, la AAUP «ha venido en esta dirección durante años»: su presidente, Todd Wolfson, calificó a J.D. Vance de fascista en un comunicado de 2024, y la organización optó por tomar partido en la guerra de Gaza, abandonando así su oposición de casi dos décadas a los boicots académicos.
Ahora suma a esa trayectoria el respaldo a El-Sayed, un candidato cuyo comentario ante un intento de masacre en una escuela judía fue, según la fuente, «Hurt people hurt people». La AAUP justifica su profundización en la política partidista alegando que las amenazas del presidente Donald Trump a la educación superior «no le dejan otra opción». El Post señala con sarcasmo lo evidente: «elegir a cualquier demócrata ayuda en ese frente».
Lo que está en juego no es solo un endoso electoral en Michigan. Es la credibilidad de una institución que lleva décadas reclamando autoridad moral sobre la vida académica estadounidense. Si la AAUP puede comprometer a sus 40.000 miembros con 40 votos en una llamada, el «gobierno compartido» es un eslogan, no un principio.
Desde Contrafuego lo decimos sin rodeos: cuando el aparato académico abandona la deliberación interna para convertirse en brazo electoral de una facción, no está defendiendo la universidad, está colonizándola. El contribuyente que financia esas instituciones —directa o indirectamente— merece saber quién toma las decisiones y con qué mandato real. La respuesta, en este caso, es desalentadora: cuarenta personas en una llamada. Que no te lo cuenten.
