Que no te lo cuenten.
Senadores del PRI presentaron el 22 de julio un punto de acuerdo ante el Senado para exigir que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) refuerce, junto con estados y municipios, las acciones de prevención, monitoreo y difusión de alertamientos tempranos ante fenómenos hidrometeorológicos.
El detonante inmediato es concreto: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua advierte que en los próximos días confluirán el monzón mexicano, canales de baja presión, humedad del Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, ondas tropicales y el posible desarrollo de sistemas ciclónicos. El resultado esperado: lluvias intensas, descargas eléctricas, rachas de viento y oleaje elevado en diversas regiones del país, con riesgo de inundaciones urbanas, desbordamiento de ríos, deslaves, encharcamientos, caída de árboles e interrupciones en vías de comunicación.
Pero el telón de fondo es el huracán Otis, que en 2023 devastó Acapulco sin que las autoridades federales de Protección Civil alertaran a tiempo a la población ni a los turistas. Esa falla —documentada y reconocida— es la que los legisladores invocan para justificar la urgencia del punto de acuerdo.
El documento pide, además, que los gobiernos estatales y municipales con pronóstico de lluvias intensas identifiquen zonas vulnerables, limpien cauces, alcantarillas y sistemas de drenaje, habiliten refugios temporales y difundan medidas de autoprotección. También solicitan a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que intensifique la supervisión y conservación preventiva de carreteras, puentes y vías federales susceptibles de ser afectados.
Nada de esto es nuevo. Todo esto debería estar funcionando.
Ahí está el problema central: lo que los senadores piden no es una reforma estructural ni un programa innovador. Es que el Estado haga lo que ya está obligado a hacer. Que Protección Civil proteja. Que la infraestructura se supervise antes del desastre, no después. Que la población reciba alertas antes de que el huracán llegue a la costa, no cuando ya no hay nada que hacer.
El oficialismo lleva años vendiendo el relato de un gobierno que «cuida al pueblo». Otis lo desmintió con una factura brutal. Hoy, con una nueva temporada de lluvias encima, la burocracia federal vuelve a necesitar que el Senado le recuerde sus obligaciones básicas. Eso no es gestión: es evidencia de un aparato estatal que sigue fallando a quienes más lo necesitan, mientras el relato sigue intacto.
