El juicio a Lindsay Clancy por el estrangulamiento de sus tres hijos pequeños terminó en Massachusetts con un juicio nulo. Pero según Nathan Hochman, fiscal del condado de Los Ángeles, si el caso se hubiera ventilado en California, el resultado habría sido muy probablemente otro.
Hochman lo deja claro desde el principio: enfermedad mental y locura jurídica no son lo mismo. Una persona puede sufrir un trastorno psiquiátrico severo —incluso con alucinaciones o delirios— y seguir siendo legalmente responsable de un crimen.
Dos estándares, dos resultados posibles
En Massachusetts, la defensa pudo argumentar que Clancy carecía de «capacidad sustancial» para distinguir el bien del mal, o para controlar su conducta. Eso abre dos vías: que la psicosis posparto le impidiera entender que matar a sus hijos era incorrecto, o que una alucinación de tipo «voz de mando» le hiciera imposible controlar sus actos.
California cierra esa segunda puerta. Bajo la ley californiana, el impulso incontrolable no basta. La defensa debe probar que la enfermedad mental le impidió entender la naturaleza de sus actos o saber que eran moral o legalmente incorrectos. Y la carga de la prueba recae sobre la defensa, no sobre la fiscalía.
Los hechos que complican la narrativa
La acusación habría señalado detalles concretos: Clancy pidió a su marido que saliera de la casa con el pretexto de buscar medicación y comida, verificó cuánto tiempo tardaría el viaje, y estranguló a cada niño por separado en el sótano mientras él estaba fuera. Después intentó suicidarse arrojándose desde una ventana del segundo piso, sobreviviendo pero quedando paralizada.
La defensa respondería —con argumentos legítimos— que planificar no equivale a estar cuerdo: una persona psicótica puede actuar metódicamente dentro de un delirio. Pero en California, esa respuesta no invierte la carga probatoria.
Lo que está en juego más allá del caso
Hochman subraya que reconocer la gravedad de la psicosis posparto y exigir responsabilidad por la muerte de tres niños no son posiciones contradictorias. Un sistema legal justo debe ser capaz de hacer ambas cosas.
Desde Contrafuego, el punto es exactamente ese. La tendencia progresista a convertir el diagnóstico psiquiátrico en exoneración automática vacía de contenido la noción misma de responsabilidad. El estándar californiano —más exigente, más claro— no niega el sufrimiento de Clancy ni la falla del sistema de salud mental que no la atendió a tiempo. Lo que niega es que el sufrimiento, por sí solo, sea suficiente para absolver a quien mató a tres personas.
La ley no es terapia. Y confundirlas no protege a las víctimas ni, en el largo plazo, a los enfermos.
