La jueza federal Pauline Newman, de 99 años y miembro del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal desde 1984, lleva varios años suspendida de sus funciones sin que el Congreso haya iniciado ningún proceso de destitución. El Tribunal Supremo acaba de negarse a escuchar su apelación. Según el abogado Mike Davis, esa negativa sienta un precedente «peligroso, inconstitucional e inaceptable».
El origen del caso: Newman sufrió algunos episodios de desmayo hace varios años. Con eso como pretexto, la jueza presidenta del Circuito Federal, Kimberly Moore, convocó un panel de colegas del mismo tribunal para evaluar la competencia mental de Newman. El problema es estructural: todos los jueces del panel comparten edificio con Newman en Washington D.C., la observan a diario y son, en la práctica, testigos potenciales de los hechos que se investigan. Según Davis, es como sentar a los doce testigos de un crimen en el jurado que debe juzgarlo.
Newman se sometió a exámenes de tres peritos independientes. Los tres la declararon en plenas facultades mentales y capaz de ejercer sus funciones. El panel de Moore ignoró esos dictámenes y la suspensión continúa de forma indefinida.
La Constitución de los Estados Unidos otorga a los jueces federales mandato vitalicio precisamente para blindar su independencia, y reserva al Congreso en exclusiva el poder de destitución mediante juicio político. Una suspensión indefinida impuesta por los propios colegas, que impide a Newman ver cualquier caso, equivale en los hechos a una destitución sin pasar por ese proceso constitucional. Davis la califica directamente de «impeachment y remoción inconstitucionales».
Moore ha intentado relativizar la situación señalando que Newman puede asistir a las fiestas de Halloween del tribunal. Davis responde con sarcasmo: «Los jueces federales son nombrados de por vida para decidir casos, no para comer helado».
El Tribunal Supremo, al declinar el caso, no corrigió el abuso. Lo convalidó con su silencio.
---
Que no te lo cuenten. Lo que está en juego aquí no es la edad de una jueza: es la separación de poderes. Si un grupo de jueces puede suspender indefinidamente a un colega que les resulta incómodo, fabricando un proceso ad hoc con testigos como árbitros, la independencia judicial se convierte en papel mojado. El aparato burocrático judicial demostró que puede neutralizar a quien no le conviene sin necesidad de pasar por el Congreso. Y el Supremo, al mirar hacia otro lado, le dio carta blanca. Eso debería preocupar a cualquiera que crea en el gobierno limitado y en frenos reales al poder.
