El Tribunal Constitucional (TC) de Chile publicó pasadas las 22:00 del jueves un comunicado con el acuerdo de su pleno: acogió parcialmente los requerimientos presentados por diputados y senadores de oposición contra la megarreforma del gobierno. El resultado fue, en términos prácticos, una derrota significativa para el Ejecutivo.
Lo que cayó primero: la compensación por RCA. El TC declaró inconstitucionales de forma íntegra los dos artículos que establecían el derecho a indemnización cuando un tribunal anulara una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La abogada Leslie Sánchez, una de las requirentes, lo resumió sin rodeos: «El Tribunal Constitucional expulsa por inconstitucional los dos artículos que creaban la restitución de gastos al inversionista cuya RCA es anulada por un tribunal».
La invariabilidad tributaria: acotada, no eliminada. Por mayoría, el TC acogió parcialmente el requerimiento en esta materia. El estatuto de invariabilidad tributaria sobrevive, pero queda reducido a grandes proyectos de inversión real, con bordes claros. El exministro de Justicia Jaime Gajardo, abogado de los requirentes, señaló que el TC «disminuye los aspectos de discrecionalidad que hacían que este estatuto de invariabilidad no tuviera bordes».
El oficialismo intentó un argumento de mayor calado: que la invariabilidad tributaria era inconstitucional por ser contraria al régimen democrático. Ese planteamiento, alegado por el abogado Jorge Correa en representación del Ejecutivo, fue rechazado por una amplia mayoría del pleno. El gobierno perdió, según fuentes vinculadas a los requerimientos, «el centro de su argumento principal».
La industria salmonera también perdió. La impugnación sobre relocalización de concesiones acuícolas fue declarada inconstitucional. El sector expuso sus argumentos en audiencias públicas; no alcanzó.
El detalle de las votaciones y el texto completo de la sentencia se conocerán en las próximas semanas. Fuentes vinculadas a los requerimientos indicaron que la presidenta del TC, ministra María Pía Silva, usó el voto dirimente de forma más acotada que en el requerimiento anterior sobre el proyecto de Escuelas Protegidas.
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Que no te lo cuenten. El gobierno apostó a una megarreforma que, entre otras cosas, obligaba al Estado a compensar a inversionistas cuando sus proyectos caían por decisión judicial. Eso no es proteger la inversión: es socializar el riesgo regulatorio con dinero de los contribuyentes. El TC lo vio y lo expulsó.
Lo que queda de la invariabilidad tributaria es, en el mejor caso, un instrumento acotado. La señal para la libre empresa es ambigua: hay certeza jurídica para proyectos grandes y específicos, pero el aparato estatal conserva margen para moverse. El relato de que esta reforma era pro-inversión se cayó solo en la sala del Tribunal Constitucional.
