El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) transfirió una copia del iPhone de Anthony Fauci al Subcomité Permanente de Investigaciones de Seguridad Nacional del Senado. Lo confirmó un portavoz del senador Ron Johnson. El teléfono fue usado por Fauci durante su etapa como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.
La noticia la adelantó The Wall Street Journal. Llega días después de que el HHS entregara más de 1.000 páginas del diario personal de Fauci al panel. También se reveló que los senadores Johnson y Rand Paul tienen en su poder «millones de páginas adicionales relacionadas con Fauci» obtenidas de servidores gubernamentales.
El jueves, el Comité de Seguridad Nacional del Senado vota si declarar a Fauci en desacato al Congreso. La audiencia de la semana pasada terminó en escándalo. Fauci invocó la Quinta Enmienda más de 100 veces. Se negó a responder bajo el argumento de posible autoincriminación.
Paul no acepta ese argumento. Su plan es claro: si gana el voto del jueves, envía el caso directamente al Departamento de Justicia con recomendación de procesamiento. No quiere esperar un voto del pleno del Senado. «Mi plan es enviarlo inmediatamente al Departamento de Justicia con una recomendación de procesamiento», dijo Paul a The Daily Wire.
El senador de Kentucky presentó dos referencias criminales ante el Departamento de Justicia de Biden. Luego presentó dos más bajo la administración Trump. Este sería el primero respaldado por la mayoría del comité.
Paul argumenta que la Quinta Enmienda no aplica en este caso. El razonamiento: el indulto que otorgó el presidente Biden elimina el riesgo de autoincriminación. Sin ese riesgo, Fauci tiene obligación de responder. El senador planea enviar al DOJ un informe legal con ese argumento.
Un voto en el pleno del Senado requeriría 60 votos. Paul no espera apoyo demócrata. El líder de la mayoría, John Thune, dijo la semana pasada que las respuestas de Fauci fueron «completamente inadecuadas» y que el voto en el pleno «ciertamente debería ser una opción disponible».
Las penas por desacato al Congreso, delito menor federal, van de 100 a 100.000 dólares en multas y de uno a doce meses de prisión obligatoria.
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Que no te lo cuenten. Durante años, el aparato estatal blindó a Fauci. Presupuestos federales, conferencias de prensa, decretos. Todo el peso del Estado puesto al servicio de un relato. Ahora hay un teléfono, hay diarios, hay millones de páginas. Y hay un senador que no está dispuesto a archivar el expediente.
El principio en juego es simple: nadie por encima de la ley. Ni siquiera el funcionario que más tiempo estuvo en televisión. Si la Quinta Enmienda se convierte en escudo para quienes ya fueron indultados, el Congreso pierde su capacidad de fiscalizar al Ejecutivo. Eso no es un problema legal menor. Es el núcleo del estado de derecho.
