El relato se cayó solo.
Las autoridades alemanas identificaron al atacante como Abdul Ballout, de 21 años, de nacionalidad libanesa-alemana. Según las fuentes, Ballout condujo una furgoneta contra un desfile del Orgullo en Berlín, matando a una persona e hiriendo a otras 29. La policía lo abatió en el lugar.
Lo que hace el caso especialmente incómodo para el aparato burocrático europeo es lo siguiente: Ballout había intentado unirse al ISIS, había sido condenado por preparar un acto grave de violencia subversiva y, como parte de su condena, había sido ordenado a participar en un programa de desradicalización. Completó dos sesiones. La tercera estaba programada para dos días después del ataque. El personal del programa reportó que su cooperación era «falsa», según CBS News.
Alemania lleva dos décadas financiando y expandiendo este modelo. Una de sus piezas centrales es Violence Prevention Network, una ONG berlinesa con más de 150 empleados distribuidos en ocho estados alemanes y otros países europeos. Su método, llamado «Educación de la Responsabilidad», combina talleres grupales, formación individual, gestión de transición y coaching de estabilización, tanto dentro de prisión como tras la liberación.
Otro pilar es el Aussteigerprogramm Islamismus, programa de salida del islamismo operado por el Ministerio del Interior de Renania del Norte-Westfalia. Sus clientes son, según sus propios documentos, «individuos altamente radicalizados» clasificados como amenazas de seguridad por las autoridades públicas. El proceso típico exige entre tres y cinco años de participación voluntaria. El programa cubre desde trabajo ideológico hasta ayuda con vivienda, empleo y terapias.
El problema que el caso Ballout pone sobre la mesa no es menor: estos programas descansan sobre la cooperación voluntaria del extremista. Cuando esa cooperación es simulada —como ocurrió aquí, según el propio personal del programa— el sistema no tiene mecanismo de corrección eficaz. El Estado pagó las sesiones, asignó los técnicos, coordinó con policía, servicios de inteligencia y tribunales. Y el resultado fue un muerto y 29 heridos en una calle de Berlín.
Desde Contrafuego lo decimos sin rodeos: el problema no son los trabajadores sociales ni los psicólogos que operan estos programas. El problema es la lógica de fondo: creer que el Estado puede «desradicalizar» por decreto a quien ha elegido deliberadamente la violencia yihadista, y que basta con financiar más burocracia para reducir el riesgo. Alemania gasta años de recursos públicos en individuos que los propios técnicos describen como cooperadores falsos. Mientras tanto, la víctima del ataque no tiene programa de reinserción que le devuelva la vida. Que no te lo cuenten.
