El fiscal general de Minnesota, Ellison, presentó una demanda federal contra el estado de Texas. El objetivo: obligar al gobernador Abbott a firmar la orden de extradición del agente de ICE Christian Castro. Lo hizo este martes. Abbott no respondió ninguna comunicación previa.
Castro enfrenta cuatro cargos de agresión grave con arma peligrosa y un cargo menor por denuncia falsa. Los cargos los presentó en mayo la fiscal del condado de Hennepin, Moriarty. Según ella, Castro disparó su arma contra una vivienda en el norte de Minneapolis. Dentro había cuatro adultos. La bala hirió en la pierna al migrante venezolano Julio Sosa-Celis. Luego atravesó un armario y quedó alojada en la pared del cuarto de un niño.
Un juez del Distrito de Hennepin encontró causa probable para los cargos. Eso incluye la acusación de que Castro mintió al FBI. Según Ellison, el agente declaró que Sosa-Celis y otro hombre lo atacaron con un palo de escoba y una pala de nieve antes del disparo. Las cámaras contaron otra historia.
El Departamento de Seguridad Nacional había respaldado inicialmente la versión del agente. Describió el disparo como «un tiro defensivo» tras una agresión. Pero en febrero, el entonces director interino de ICE, Lyons, anunció una investigación interna. La razón: el video mostraba que «dos agentes distintos parecen haber hecho declaraciones falsas bajo juramento». Los cargos contra los dos migrantes fueron desestimados por un juez federal.
Castro fue arrestado en el condado de Cameron, Texas, el 29 de mayo. Cuatro días después, el gobernador demócrata de Minnesota, Walz, pidió formalmente la extradición. Abbott no respondió. Ni a Walz. Ni a Moriarty, que envió una solicitud de actualización el 30 de julio. Ni al propio Ellison, que le escribió el jueves pasado con un ultimátum: firmar la orden antes del cierre del día o enfrentar una demanda. El plazo venció. La demanda llegó.
Ellison advirtió además que la ley de Texas fija un máximo de 90 días de detención bajo orden de extradición. El reloj corre. Si Abbott no actúa, Castro podría quedar libre.
Aquí hay dos principios en tensión real. Uno: ningún agente del Estado está por encima de la ley. Si las cámaras contradicen la versión oficial, la versión oficial cae. ICE lo reconoció. Eso no es un punto menor. Dos: la extradición entre estados no es discrecional. Es una obligación constitucional. Abbott lo sabe. Su silencio no es una postura jurídica. Es una apuesta política.
Contrafuego defiende la aplicación firme de la ley migratoria. Precisamente por eso no puede defender a un agente que, según un juez con causa probable, disparó contra civiles y luego mintió. El orden legal no se protege con excepciones para los propios. Se protege aplicándolo a todos. Eso incluye a Castro.
