Hasta la Sala del Senado llegaron el canciller Francisco Pérez Mackenna y el ministro de Defensa, Fernando Barros, para explicar los alcances de la adhesión de Chile al Escudo de las Américas.
La convocatoria la impulsaron congresistas del Socialismo Democrático. Querían respuestas por la ausencia del ministro de Seguridad, Martín Arrau, que también había sido citado. Juan Luis Castro reclamó en la Sala que esperaba su incorporación. Arrau no asistió porque estaba en otras materias de su cartera en el Congreso.
Pérez Mackenna intentó bajar la tensión. Dijo que la razón de la decisión es «la seguridad de las chilenas y los chilenos» y sostuvo que el crimen organizado transnacional ya está instalado en la vida cotidiana del país. También afirmó que, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el gobierno del Presidente Kast, se decidió transitar por una senda de cooperación con otros países de la región y del hemisferio.
Según el canciller, eso incluye intercambio de información, coordinación de acciones, compartición de tecnología, formación para policías y fiscales. Además, reforzó que el Escudo de las Américas es una declaración política y no un tratado, por lo que no sería vinculante.
En materia de seguridad, habló de intercambio de inteligencia, acceso a tecnologías, capacitación, buenas prácticas, coordinación en sanciones, designaciones y acciones financieras contra el crimen organizado y el narcotráfico, además de ampliación de las policías.
En el plano económico, el canciller mencionó cooperación, revisión de inversiones por razones de seguridad, abastecimiento diversificado y confiable de minerales críticos y reglas para proveedores de infraestructura digital aplicadas de manera no discriminatoria. En el eje multilateral, habló de consultas y coordinación de posiciones en foros regionales y multilaterales.
Después, en los pasillos del Congreso, respondió al embajador de Washington, Brandon Judd, quien ofreció ayuda para mantener la soberanía en el Estrecho de Magallanes a cambio de alinearse con Estados Unidos. Pérez Mackenna replicó: «El Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno» y agregó que Chile puede defender su soberanía por sí mismo.
La oposición no quedó conforme. Castro dijo que el problema del Escudo no es la cooperación policial, sino lo que viene junto a ella. Habló de un alineamiento político y económico decidido sin pasar por el Congreso. También cuestionó la referencia al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, las cláusulas sobre minerales críticos, infraestructura digital y sanciones contra 24 organizaciones.
Claudia Pascual planteó que la Cancillería difundió una comunicación centrada solo en el combate al crimen, mientras la formulación de Estados Unidos incluiría objetivos económicos. A su juicio, sería la prolongación de la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, para beneficio de Estados Unidos.
Alfonso de Urresti dijo que enviarán un oficio con las preguntas que, a juicio de su sector, no fueron respondidas. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la decisión de La Moneda.
Que no te lo cuenten: aquí no solo está en juego la cooperación contra el crimen, sino el precio político de abrir la puerta a un esquema que mezcla seguridad, inversión y reglas digitales. Cuando el aparato estatal negocia sin claridad suficiente, la cuenta la terminan pagando la soberanía, la transparencia y, otra vez, el contribuyente.
El relato se cayó solo. Si esto se presenta como una mera coordinación policial, pero en el mismo paquete aparecen minerales críticos, revisión de inversiones y sanciones, entonces la discusión de fondo no es técnica: es de poder. Y ahí el Congreso no puede quedar mirando desde la tribuna.
