La Audiencia Nacional española mantiene paralizada desde hace meses la causa contra Alejandro Betancourt por presunto blanqueo de capitales y evasión fiscal.
De acuerdo con fuentes del proceso judicial en Madrid, la investigación quedó atada a una comisión rogatoria internacional que el juez de instrucción Santiago Pedraz espera que Washington responda. El objetivo es tomar declaración a testigos clave ya condenados en Estados Unidos para comprobar si el origen del dinero que Betancourt ha utilizado en España es ilícito.
La causa sostiene además que el empresario venezolano habría participado en el desvío de más de 4.000 millones de dólares de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Betancourt lleva más de un año bajo investigación por este expediente en España.
Fuentes judiciales aseguran que la administración estadounidense maniobra para proteger al empresario. Betancourt afronta múltiples causas abiertas en Venezuela, Estados Unidos, Suiza y España, pero figura como el artífice del acuerdo que otorgaría a Donald Trump el control de una quinta parte de la producción petrolera venezolana tras la captura de Nicolás Maduro.
El propio Pedraz advirtió que, si en diciembre no hay respuesta formal de Estados Unidos, dictará el sobreseimiento y procederá a archivar la causa.
La secuencia es clara: un expediente sobre presunto blanqueo ligado a fondos de Pdvsa queda a merced de una respuesta extranjera y, mientras tanto, avanza el reloj procesal. Que no te lo cuenten. Cuando una investigación por miles de millones depende del silencio de otro gobierno, el mensaje para la ley es pésimo.
Y hay otra capa incómoda. Betancourt no solo enfrenta varias causas abiertas; también aparece vinculado al reparto de poder sobre el crudo venezolano. En un caso así, la pregunta no es solo judicial: es política. Otra vez la doble vara.
