Estados Unidos le retiró la visa a Euclides Torres, empresario y megacontratista que volvió a quedar en el foco público por sus vínculos con el gobierno de Gustavo Petro.
La decisión se conoció como parte de una política de restricciones para ciudadanos extranjeros que, según el Departamento de Estado, estarían involucrados en acciones de corrupción o narcotráfico que socaven a gobiernos elegidos democráticamente.
Torres lidera uno de los clanes políticos más poderosos del Caribe, según la información publicada. Además, el hijo del entonces presidente, Nicolás Petro Burgos, dijo en un interrogatorio en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, que Torres habría financiado actividades de la campaña presidencial.
Nicolás Petro Burgos afirmó: «En parte lo financió Euclides Torres (...) fue para el tema de tarimas, publicidad, desconozco los detalles».
Torres, por su parte, negó haber dado plata. En 2024, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, dijo: «nunca aporté dinero a la campaña Petro. Solo apoyé con aspectos logísticos».
En ese mismo encuentro, negó que él y su familia hagan parte del denominado «clan Torres», al que calificó como un término «malintencionado y peyorativo».
También se informó que Torres visitó la Casa de Nariño en diferentes oportunidades durante el gobierno Petro y que, entre 2022 y 2024, según varias investigaciones periodísticas, habría ganado contratos que sumarían al menos $204 mil millones.
El caso vuelve a mostrar un patrón que la casta política insiste en maquillar: cercanía con el poder, contratos multimillonarios y sospechas que terminan salpicando al contribuyente. Cuando el aparato estatal premia a los mismos de siempre, la factura la paga la gente.
Y mientras Petro habla de lucha contra la corrupción, la pregunta incómoda sigue ahí: ¿cuántos favores, contratos y redes de poder se esconden detrás de los supuestos gestos de transparencia? Que no te lo cuenten.
