Un exfiscal de la oficina de la fiscal general de Nueva York, Daniel Wiesenfeld, dijo a The Post que recibió la orden de seguir buscando elementos contra Trump y su círculo, aun después de una investigación de un año que no encontró irregularidades.
Wiesenfeld, del Investor Protection Bureau, afirmó que su jefe de oficina, Shamiso Maswoswe, le dijo que seguían porque «era la decisión de Tish». También aseguró: «Tish era la jefa y lo que Tish quería, Tish lo conseguía». Según su versión, por eso «teníamos que seguir».
El conflicto estalló en agosto, cuando Wiesenfeld envió un correo a más de 2.000 colegas diciendo que lo estaban obligando a encontrar pruebas contra Trump y sus allegados. Después de eso, fue suspendido.
La controversia comenzó cuando le asignaron investigar una denuncia de uso de información privilegiada contra una empresa vinculada a la familia Trump. Wiesenfeld dijo que el caso se apoyaba en una pista llegada por un «mensaje de texto críptico» que nunca le compartieron.
Esta semana, Wiesenfeld también afirmó que la oficina de la fiscal general lo amenazó por negarse a borrar evidencia de la supuesta corrupción. En correos obtenidos por The Post bajo la ley estatal de acceso a la información, negó que esos documentos fueran «información confidencial y privilegiada», como sostenía la oficina de James. «Estos documentos son simplemente evidencia», escribió.
Wiesenfeld sostuvo además que las críticas a su desempeño llegaron solo después de que expresó su frustración. Dijo que antes había recibido una evaluación muy positiva, y que por eso la idea de que siempre fue un mal empleado era falsa.
Un portavoz de James respondió que la oficina debe tomar medidas disciplinarias «cuando uno de sus abogados viola la ley, las reglas de conducta profesional de Nueva York o la política de la agencia». También dijo que Wiesenfeld fue despedido «con causa» después de determinarse que cometió esas violaciones.
La lectura política es obvia. Si las acusaciones de Wiesenfeld se sostienen, el aparato estatal de Nueva York no estaría persiguiendo justicia, sino insistiendo en una cacería contra un rival político aunque no aparezcan delitos. Eso es burocracia con agenda, no estado de derecho.
Y si la respuesta oficial de James es la correcta, entonces el caso sigue mostrando una pelea interna seria en una oficina que maneja poder, discreción y dinero de los contribuyentes. En cualquiera de los dos escenarios, el contribuyente paga la cuenta y la confianza pública queda golpeada. Otra vez la doble vara.
