Matthew Ammel, exguardia de seguridad y luego pareja de Kyrsten Sinema, compareció en tribunales por violar una orden de no contacto vigente contra la exlegisladora, según reportes de 12News citados por los fiscales.
Los fiscales destacaron mensajes que le atribuyen a Ammel y que, según dijeron, hicieron que Sinema estuviera «razonable y objetivamente» temerosa de sufrir lesiones graves. En esos textos, Ammel habría escrito que ella «needs to pay», que la iba a «take her down no matter what it takes» y que «she needs to be punished».
Investigadores también encontraron mensajes en los que Ammel supuestamente amenazó con «decapitate» a un juez de Carolina del Norte. El juez no fue identificado, aunque la exesposa de Ammel, Heather Ammel, presentó una demanda en ese estado bajo la llamada ley «homewrecker».
Ammel fue arrestado el 29 de septiembre afuera de una tienda de armas en Phoenix por presuntamente incumplir la orden de alejamiento. Está acusado además de haber destrozado la casa de Sinema y permanece bajo custodia con una fianza de 25.000 dólares, que los fiscales quieren elevar a 100.000 dólares solo en efectivo.
La fiscalía sostuvo que «a high cash-only bond is the only way to protect the victim and the community, and to ensure he complies with court orders». Si consigue salir bajo fianza, Ammel quedaría bajo arresto domiciliario y con un dispositivo electrónico de seguimiento.
También enfrenta juicio el 9 de febrero de 2027 por presuntamente causar daños por más de 200.000 dólares a la casa de Sinema en Cave Creek. Según la acusación, arrojó 22 cuadros a la piscina, rompió varias botellas de alcohol costosas y destruyó un espejo.
Ammel, veterano del Ejército que sirvió en Irak y Afganistán, se declaró culpable antes en un caso por agredir a un médico en un hospital de Carolina del Norte. Su relación con Sinema se hizo pública después de que Heather Ammel demandara a la exsenadora bajo la ley de «homewrecker».
Que no te lo cuenten. Aquí no hay glamour ni romance: hay una exfuncionaria marcada por una relación que terminó en amenazas, daños y una batalla judicial. Y hay una burocracia penal que ahora discute cuánto efectivo hace falta para contener a alguien que, según los fiscales, ya cruzó demasiadas líneas.
El caso vuelve a mostrar algo básico: cuando el Estado tarda, el costo lo pagan la víctima y la comunidad. Otra vez la doble vara: los discursos sobre seguridad y responsabilidad desaparecen cuando el riesgo viene de adentro, no de un eslogan electoral.
