Familiares de presos políticos denunciaron este sábado que motorizados sin identificar los amedrentaron frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas.
La presencia de los allegados en las cercanías de la sede diplomática se mantiene desde hace meses, en un campamento instalado en la urbanización Valle Arriba, municipio Baruta. El lugar ha sido escenario de una protesta prolongada, mientras los familiares insisten en exigir respuestas sobre sus casos.
En el video difundido en redes sociales y compartido por varios periodistas y usuarios, se observa el paso de dos personas montadas en una motocicleta. Según la denuncia, las mismas pasan de forma reiterada frente al campamento.
Los familiares también alertaron sobre «el monitoreo constante del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para intimidar la protesta» en ese punto. Esa señalamiento aparece en medio de una estrategia de presión que, según explicaron, buscan dirigir hacia quienes pueden mover piezas dentro del conflicto político.
Su presencia frente a la embajada responde a que consideran que las decisiones del gobierno de Delcy Rodríguez ocurren bajo la influencia de Washington. Por eso esperan que el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, pueda interceder para lograr la liberación de sus parientes.
Los familiares se instalaron frente a la embajada el lunes 8 de junio, cuando se cumplieron cinco meses desde que comenzaron a hacer vigilias en las afueras de centros penitenciarios como El Helicoide y El Rodeo. En la última semana intensificaron sus acciones con tres protestas. Acudieron a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General. También llegaron hasta el Palacio de Miraflores, donde recibieron un documento con su solicitud.
Además, aspiran a que sus casos entren en la agenda de la segunda ronda de negociaciones entre representantes de la Asamblea Nacional del 2015 y del Parlamento del 2025.
Aquí hay un hecho que el aparato estatal no puede maquillar: cuando una familia tiene que acampar durante meses frente a una embajada para ser escuchada, el problema ya no es de comunicación. Es de poder. Y cuando aparecen denuncias de hostigamiento, el mensaje es claro: la burocracia no busca resolver, busca desgastar.
Otra vez la doble vara. Si el Estado dice proteger derechos, debe tolerar la protesta pacífica y responder con justicia, no con intimidación. Que no te lo cuenten. El relato se cayó solo.
