Agentes federales incautaron el celular de la representante Ilhan Omar durante una redada realizada el lunes en su casa de Washington, D. C., en el marco de una investigación criminal por fraude migratorio vinculada a su documentación de inmigración.
La operación también terminó con el decomiso de notebooks, computadoras personales y su pasaporte, según informó The Wall Street Journal y replicaron otros medios. Omar y su esposo, Tim Mynett, estaban en la vivienda al momento del registro.
La investigación se centra en si la familia de Omar mintió sobre su edad cuando llegó a Estados Unidos en 1995. Omar obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2000. De acuerdo con las fuentes citadas, los investigadores examinan si la edad colocada en su solicitud difería de su fecha real de nacimiento.
Una de las claves del caso es si Omar tenía 17 años cuando se procesó la naturalización, porque en ese escenario habría podido obtener la ciudadanía automáticamente a través de la naturalización de su padre. Pero los señalamientos no terminan ahí: también se mencionó que su personal legislativo pidió a una biblioteca pública de Minnesota modificar en sus registros históricos el año de nacimiento de 1981 a 1982.
El expediente ya avanzó más allá de una revisión preliminar. Las fuentes hablan de más de una docena de citaciones del gran jurado, incluidas órdenes enviadas a familiares de Omar. Entre los nombres mencionados aparece su hermana, Sahra Noor.
Omar negó que el gobierno haya actuado con neutralidad. Dijo que esto es «un intento de apuntar a enemigos políticos y armar a las fuerzas del orden federales». También afirmó que Trump la ha perseguido durante diez años con «mentiras infundadas» y «campañas de difamación».
Por otro lado, la Democracy Defenders Fund presentó una queja bajo la ley Hatch y sostuvo que el allanamiento, realizado días antes del inicio del voto anticipado en Minnesota, fue una maniobra políticamente motivada para influir en la elección. Norm Eisen escribió que una revisión es «inmediatamente necesaria».
Más allá del ruido político, el fondo del caso es serio: ciudadanía, documentos migratorios y posible uso del aparato federal para revisar inconsistencias que, si se confirman, no pueden barrerse debajo de la alfombra. Que no te lo cuenten.
