Quince fiscales generales demócratas, encabezados por Nick Brown de Washington y Andrea Campbell de Massachusetts, enviaron una petición formal a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, por sus siglas en inglés) para bloquear una reforma que agiliza los permisos de infraestructura energética. La ironía es difícil de ignorar: según los datos citados por Daniel Turner, fundador de Power The Future, los estados que representan esos fiscales encabezan el ranking nacional de alzas en tarifas eléctricas.
La reforma en cuestión fue aprobada por unanimidad — votación 5 a 0 — por los comisionados de la FERC bajo la administración Trump. El cambio moderniza el llamado «Blanket Program», que agiliza aprobaciones para proyectos en sitios de infraestructura ya existentes. Si una empresa ya obtuvo permiso para una instalación de almacenamiento de gas natural y quiere construir una segunda en el mismo lugar, la burocracia no tendría que empezar desde cero. Sentido común puro.
Pero los números son los que hablan más fuerte. Desde 2020, los residentes del Distrito de Columbia han visto sus facturas eléctricas subir un 73,7%. California, un 59,1%. Maine, un 65,3%. Massachusetts, un 38,7%. Maryland, casi un 50%. Nueva York, un 43,7%. La fiscal neoyorquina Letitia James, según Turner, «nunca ha perdido una oportunidad de usar su cargo para atacar al presidente Trump», y ahora defiende la burocracia en gasoductos mientras sus ciudadanos absorben ese golpe al bolsillo.
El contraste con Nuevo México es revelador: ese estado — cuyo fiscal no se sumó a la carta — registró un alza de apenas el 11% en el mismo período. Nuevo México alberga parte de la cuenca Pérmica, uno de los yacimientos de gas natural más grandes del continente. Coincidencia, dicen algunos. Causalidad, dice el mercado.
Michigan y Minnesota, ambos con alzas superiores al 20%, tienen además mandatos legales de «energía 100% limpia» que, según Turner, sus redes eléctricas «no pueden ni podrán cumplir». Sus fiscales, sin embargo, quieren enterrar la infraestructura de gas natural que podría estabilizar esos precios.
El patrón no es nuevo. Bloquear gasoductos, imponer eólica y solar por decreto, y luego escandalizarse cuando la factura se dispara. Europa lleva casi tres décadas en ese camino y paga, según Turner, entre tres y cuatro veces más que los estadounidenses por la electricidad.
Que no te lo cuenten. Estos fiscales no están protegiendo al consumidor: están protegiendo su agenda política y a los donantes del lobby verde que financian sus campañas. Llamarle «defensa del ratepayer» a bloquear la infraestructura que abarata la energía no es un error de diagnóstico — es hipocresía con sello oficial.
El principio en juego es simple: cuando el aparato estatal prioriza el relato climático sobre el bolsillo del ciudadano, quien paga la diferencia siempre es el mismo. El contribuyente. Y en este caso, con facturas que en algunos estados casi se han duplicado en cinco años, el costo de esa doble vara ya no es abstracto.
