La fiscalía federal acusó el lunes a Wilber Rafael Garces-Perez, venezolano de 28 años, de un cargo de agredir, resistir e impedir a un agente federal. Según documentos judiciales, el hombre habría golpeado a un oficial con el espejo lateral de su auto mientras intentaba escapar.
De acuerdo con los documentos del caso, el 20 de septiembre agentes de ICE en Austin, Texas, detuvieron a Garces-Perez después de determinar que tenía una orden de deportación. Los oficiales le pidieron que pusiera el auto en «park» y que saliera del vehículo, pero él habría ignorado las órdenes.
Tras cerca de un minuto de conversación en español, Garces-Perez «cerró abruptamente la ventana y se marchó», según el Departamento de Justicia. En esa maniobra, habría golpeado en el torso a un agente de ICE con el espejo del lado del conductor. La denuncia confirma que el oficial que le disparó no llevaba cámara corporal.
Luego, Garces-Perez lideró una persecución vehicular a alta velocidad, según los documentos judiciales. Durante la huida, un agente perdió de vista a su compañero y al acusado. Minutos después, el compañero llamó para decir que Garces-Perez había intentado atropellarlo con el auto y que él había disparado su pistola, de acuerdo con la denuncia.
Tras el tiroteo, manifestantes anti-ICE salieron a las calles de Austin para denunciar el incidente como un ataque no provocado. Garces-Perez, desde detención, dijo a The Texas Tribune que tenía una bala alojada cerca de la columna vertebral. También afirmó que personal médico le dijo que no se la quitarían por su cercanía a la columna.
El venezolano sostuvo además que una SUV sin identificación lo rozó dos veces antes de que entendiera que agentes de ICE intentaban detenerlo. Dijo que hizo un giro en U bajo un paso a desnivel y que solo entonces las SUV encendieron luces y sirenas.
The Texas Tribune informó que no se presentó a una audiencia migratoria previa, en la que un juez ordenó su deportación. Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, atribuyó esa ausencia a que la corte envió la citación a una dirección anterior.
Otra vez la doble vara. Cuando el aparato estatal llega tarde, mal o con papeles enviados a una dirección vieja, el costo no lo paga la burocracia: lo paga el contribuyente y lo paga el país. Cuando además hay una persecución, un disparo y una escena convertida en bandera por activistas, queda a la vista el desorden que deja una política migratoria sin control efectivo.
Aquí no hay relato limpio. Hay un detenido acusado formalmente, un agente herido según la denuncia y una cadena de decisiones que terminó en un caso penal. El orden importa. La aplicación de la ley también. Si el Estado no puede ejecutar una orden de deportación sin terminar en persecución y caos, el problema no es solo de procedimiento: es de autoridad.
